Este texto fue publicado originalmente en la Revista Nuso: https://nuso.org/articulo/gustavo-petro-en-busca-del-milagro/

Los resultados de la primera vuelta electoral en Colombia enviaron un mensaje contundente, marcado por el descontento con la clase política y un profundo deseo de cambio. Lo que se perfilaba como un enfrentamiento entre Gustavo Petro –candidato de la izquierda y primero en todas las encuestas– y Federico Fico Gutiérrez –candidato por la coalición de derecha–, se reacomodó de manera abrupta a último momento: como parecían indicar algunas encuestas en el último tramo, Rodolfo Hernández, un candidato independiente y desconocido para muchos colombianos -que no participó del proceso de primarias–, fue quien ingresó al ring para enfrentar a Petro en el balotaje con 28% de los votos.

De este modo, pasaron a la segunda vuelta dos candidatos ajenos a los aparatos políticos tradicionales. Por primera vez, un candidato de izquierda quedó en el primer lugar en una primera vuelta electoral (con 40% de los votos) y su rival será un candidato totalmente desvinculado de cualquier estructura partidista. Hernández puede dar la sorpresa final y quedarse con la presidencia.

Las primeras señales de movimientos tectónicos en el panorama político se hicieron evidentes en las elecciones legislativas y primarias de marzo pasado. La izquierda, históricamente débil en Colombia, consiguió resultados electorales inéditos. El Pacto Histórico, la coalición liderada por Petro, mostró que el estigma de ser de izquierda en Colombia ha disminuido luego de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y el triunfo del Pacto Histórico en las elecciones de marzo fue doble. Por un lado, consiguió una de las bancadas más numerosas en el Congreso, un nivel de representación que nunca antes consiguió la izquierda. Por el otro, las primarias del Pacto Histórico atrajeron más votantes que las del resto de partidos, con buenos resultados a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Estas cifras pusieron al Pacto, a Petro, y a Francia Márquez (referente afrocolombiana y finalmente elegida candidata a la vicepresidencia), como una fórmula ampliamente competitiva. Y de esta forma, la izquierda llegó pisando fuerte al arranque oficial de la contienda presidencial. Ello se tradujo en el primer lugar del Pacto Histórico el domingo pasado. No obstante, el candidato de la izquierda entra, desde ahora, en un territorio desconocido. Al no participar en las primarias, el apoyo al ex-alcalde de Bucaramanga era imposible de medir, Hernández era casi un desconocido en política nacional y durante bastante tiempo las encuestas lo ubicaron en alrededor de 7% de intención de voto. No obstante, despuntó a solo dos semanas de la elección y para sorpresa de propios y ajenos desplazó a Gutiérrez, ex-alcalde de Medellín.

La candidatura de Gutiérrez, apoyada por el establishment y buena parte de los partidos tradicionales (uribistas, conservadores y liberales, y ex-presidentes como César Gaviria y Andrés Pastrana), se topó con un techo con 23,87% de los votos. Gutiérrez fue percibido como el candidato del continuismo y fue perjudicado por los elevados niveles de desaprobación del actual gobierno de Iván Duque y la crisis económica pospandemia. Aunque Gutiérrez hizo todo lo posible por distanciarse diplomáticamente de Duque y del uribismo (el expresidente Álvaro Uribe no está en sus mejores momentos de popularidad) los votantes de derecha y centroderecha lo abandonaron en masa.

El otro perdedor de la jornada fue Sergio Fajardo, candidato por la coalición de centro, quien cerró la jornada con 4,2% de los votos, en un lejano cuarto lugar. De obtener más de 4 millones de votos en la primera vuelta de 2018 y estar muy cerca de pasar al segundo turno, Fajardo se derrumbó a poco más de 888.000 votos. Estos le alcanzarán para reclamar los dineros estatales que reciben quienes superan el umbral de 4% y con ello costear sus gastos de campaña, pero la cifra comparativamente baja remata una campaña plagada de errores y sobrada de egos. La primera vuelta confirma que el centro, pero también el otrora dominante Centro Democrático (derecha uribista), son lo que la politóloga Silvia Otero Bahamón ha denominado «máquinas de perder votos».
Los buenos resultados de la izquierda llevan años cocinándose. Petro (62 años) tiene una amplia trayectoria en política y lleva décadas trabajando para este momento: fue senador, alcalde de Bogotá –el segundo cargo político de mayor importancia nacional– y ha sido candidato presidencial en otras dos oportunidades. En 2018 quedó de segundo detrás del actual presidente Duque, del Centro Democrático, con poco más de 4.500.000 votos, el mejor desempeño de cualquier candidato de izquierda hasta ese momento. El domingo pasado casi duplicó la cantidad de votos, llegando a 8.500.000.

Este buen desempeño es testimonio de una campaña que, hasta el momento, ha sido muy sólida. Su mensaje central ha sido el de un cambio real que le otorgue voz a los excluidos y transforme el modelo económico en un sentido social y ecológico. Petro aprendió varias lecciones de su derrota frente a Duque en 2018. Cuatro años después, Colombia ha visto un candidato mucho más moderado, dispuesto a hacer alianzas con otros sectores progresistas, pero también con partidos y políticos tradicionales. Se ha reunido con empresarios (su talón de Aquiles) y ha hecho todo lo posible para calmar los temores de quienes desconfían de sus propuestas económicas y temen la expropiación de sus propiedades de llegar a la presidencia. Petro construyó y moldeó al Pacto Histórico, coalición de partidos políticos y movimientos de izquierda, para responder a sus necesidades políticas, con él cómo máximo líder. El Pacto es sin duda un movimiento personalista, que le proporciona músculo y estructura, pero también es un espacio de articulación para la izquierda que está fortaleciendo nuevos liderazgos como el de Francia Márquez. Si Petro gana la elección presidencial no tendrá una mayoría asegurada en el Congreso, pero sí una bancada significativa de apoyo. Tiene experiencia legislativa y su equipo incluye políticos experimentados.

El contraste entre la trayectoria de Petro y Hernández es mayúsculo. Hernández tiene 77 años, es empresario de la construcción e irrumpió en política regional en 2015 cuando fue elegido alcalde de Bucaramanga (capital del departamento de Santander, en el noroeste colombiano) de la mano de un movimiento independiente curiosamente bautizado Lógica, Ética y Estética. Ahora se presentó por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

La elección de Hernández marcó el fin del monopolio de décadas de la política bumanguesa por parte del Partido Liberal. En su tierra, Hernández es sinónimo de cambio, y este es el espíritu que su equipo de campaña ha sabido transmitir, particularmente a través de redes sociales como TikTok. Su discurso es sencillo y machaca una y otra vez con tópicos contra la política tradicional y la corrupción. El empresario le huye a las definiciones ideológicas y le escapó a los debates presidenciales, donde habría debido precisar sus propuestas. Hernández declara no buscar ni necesitar el apoyo de nadie. En sus propias palabras: «mi única alianza es con el pueblo colombiano». De llegar a la presidencia, necesitaría a los congresistas de la derecha para gobernar, ya que casi no tiene representantes parlamentarios propios. No tiene vínculos ni experiencia de trabajo sostenido con ninguno de los partidos que cuentan con representación en el Congreso.

Donde Petro tiene un programa definido, forjado tras varios intentos de hacerse con la presidencia, Hernández prensa formulaciones genéricas o propuestas escuetas. Mientras Petro, Gutiérrez y Fajardo se atacaban entre ellos, todos parecieron olvidarse de Hernández, quien se dedicó a difundir su discurso sin filtros contra los lujos de los políticos y la «ladronera», defender la venta de los autos oficiales de los congresistas y prometer que llevará a todos los colombianos a conocer el mar, además de cerrar embajadas en el exterior. De su abuela recibió una frase que utilizó como empresario de la construcción: «mijo, trabaje con los pobres y se hará rico».

Petro tiene 40% del electorado detrás de sus propuestas, pero sus negativos siempre han sido altos en las encuestas y, las personas que se declaran antipetristas (de todas las corrientes ideológicas) lo son sin titubeos. Hernández es una opción muy atractiva para esos sectores hartos del statu quo, pero que nunca votarían por Petro. Allí hay gente de centro, pero también está la derecha moderada y la extrema. Esto pone a Gustavo Petro en una situación muy difícil para esta fase de la campaña, pues la mayoría de los votantes de Federico Gutiérrez seguramente irán con Hernández. Si el discurso de Petro estaba estructurado como el cambio frente a la continuidad (Gutiérrez), Hernández representa otro tipo de cambio, y con una imagen incluso más de outsider que Petro.

De hecho, a solo horas de cerrarse el preconteo de votos de primera vuelta, Gutiérrez anunció su apoyo a Hernández: «No queremos perder el país, por eso Rodrigo [Lara, candidato a vicepresidente] y yo votaremos por Rodolfo». Por su parte, en su discurso, Petro empezó a hablar de la necesidad de escoger entre el cambio real (él) y el suicidio (Hernández). El candidato de izquierda tendrá que replantearse su estrategia a fondo para conseguir los votos adicionales que necesita para llegar al 50%. Y atraer a otros sectores políticos, como en parte ya hizo en la primera vuelta. Por lo pronto, esperó los resultados en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, un espacio tradicionalmente de los liberales, un partido que tuvo históricamente una fuerte base popular, y cuyos votos necesitará el candidato del Pacto Histórico para ganar.

Con esta nueva correlación de fuerzas y dos candidatos «antiestablishment», la campaña empieza de cero. Las elites políticas, los otros candidatos y muchos medios, subestimaron a Hernández durante meses. Hasta aquí, Petro hizo campaña contra el uribismo, contra la derecha, y de un día para otro su rival desapareció (aunque ahora la derecha busca subirse sin demora al tren de Hernández). Colombia está a las puertas de una elección crucial con dos candidatos atípicos para la cual carecemos precedentes. Vienen semanas vertiginosas de cara a la segunda vuelta a celebrarse el 19 de junio. Solo queda abrocharse el cinturón de seguridad.

Publicado originalmente en El País (España) y disponible aquí: https://elpais.com/opinion/2022-02-08/guia-para-las-arenas-movedizas-de-las-elecciones-en-colombia.html

Con más de 20 aspirantes a la presidencia, coaliciones inestables y un electorado descontento, el tablero electoral en Colombia para 2022 es complejo. Ninguno de los muchos candidatos supera el 30% de intención de voto y la gran mayoría no llega ni siquiera al 10%. Aunque la campaña está arrancando en forma, el panorama es arena movediza.

¿Por qué un panorama con tantos aspirantes y tan inestable?

Estamos ante un sistema de partidos fragmentado y desconectado de la ciudadanía. Según encuestas del Observatorio de la Democracia, el 80% de los colombianos no se identifica con ningún partido político, y hay poca confianza en el Congreso y otras instituciones. Con partidos desdibujados, abundan los liderazgos personalistas. Adicionalmente, la campaña se adelanta en medio de una crisis pandémica de la cual buena parte de la población no vislumbra todavía una salida clara. Esto produce un electorado apático e insatisfecho con el sistema y sus gobernantes. Así las cosas, la mayoría de los votantes tomarán decisiones sobre la marcha, enfrentados a opciones cambiantes. Ningún aspirante a la presidencia tiene nada garantizado. (continúa…)

Entrevista en La Silla Académica, publicada el 16 de diciembre de 2021 y disponible aquí: https://www.lasillavacia.com/historias/historia-academica/Los-partidos-politicos-son-una-embarrada-con-las-mujeres-Sandra-Botero/

En un momento en que el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres es cada vez más evidente y en el que el feminismo ha ganado terreno, no hay una candidata mujer con posibilidades reales de llegar a la presidencia y ha habido ruido por falta de garantías para ellas en la conformación de las listas al Congreso.

Para analizar esta paradoja y a la vez lo que significa que haya dos mujeres de minorías en la contienda como Francia Márquez y Arelis Uriana, la Silla Académica entrevistó a Sandra Botero, profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, y a Salomé Arias, coordinadora académica del Observatorio de la Equidad de Las Mujeres (OEM) de la Universidad Icesi y autora del Boletín número 2 de Liderazgo y Participación Pública.

El OEM se ha encargado de caracterizar y cuantificar el tipo de mujeres que ejercen liderazgo político en el Valle del Cauca, uno de los pocos lugares en que hay microdatos de este tipo. La última encuesta disponible se la practicaron a 1507 mujeres en Cali, Buenaventura, Yumbo y Jamundí entre octubre y noviembre de 2018.

Este texto fue publicado originalmente en Razón Pública.

La Constitución de 1991 cumplió treinta años.

Una constitución es el acuerdo político básico de un país: establece las reglas de juego más importantes y las aspiraciones comunes que dirigen a una comunidad política.

La Constitución transformó el país y aún hoy sigue evolucionando. Su origen democrático y su apuesta por proteger un amplio catálogo de derechos la distinguen de otras constituciones, al tiempo que contribuyen a su carácter transformador.

Ese texto hizo parte de una ola de reformas constitucionales que ocurrieron en América Latina hacia finales del siglo XX (1988-2009). Ocho países redactaron nuevas constituciones: Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), República Dominicana (1994), Ecuador (1998 y 2008), Venezuela (1999) y Bolivia (2009).

Paralelamente, algunos países optaron por hacer reformas constitucionales sustanciales en vez de escribir nuevas constituciones, por ejemplo Argentina en 1994.

La Constitución de 1991 es parte integral de esa ola regional y un reflejo de un momento único en la historia colombiana. La carta magna representó una salida democrática de la crisis política e institucional que vivía el país.

El punto más álgido de esa crisis fue la década de 1980, marcada por altos niveles de violencia, conflicto y una renuencia e incapacidad de las instituciones políticas de responder, especialmente del Congreso.

Fue un movimiento estudiantil el que impulsó una asamblea constituyente de elección popular, vinculada con el proceso de paz con la guerrilla del M-19 (en ese momento se pretendía que el proceso de paz y el constituyente incluyeran otras guerrillas pero esto no se logró).

La Constitución de 1991 fue la única escrita por personas elegidas por voto popular. Los y las constituyentes representaron diferentes fuerzas: partidos tradicionales (Conservador y Liberal, que no eran mayoría en la asamblea), nuevas fuerzas políticas, independientes, guerrilleros desmovilizados e indígenas.

Esa asamblea funcionó de manera democrática y construyó una constitución que pretendió limitar el presidencialismo, asegurar la separación de los poderes, plantear un sistema electoral más incluyente que el anterior y robustecer el poder judicial.

Adicionalmente, reconoció más derechos e incluyó nuevos mecanismos de protección como la tutela. Su ambición, su potencial, sus imperfecciones y contradicciones reflejan los consensos mínimos a los que llegaron personas muy diferentes para plantear una nueva ruta para el país.

Que la constitución haya sido escrita por una asamblea donde estaban representadas una pluralidad de fuerzas fue un acontecimiento importante para la nación en dos sentidos. En el siglo XIX, uno de los dos partidos tradicionales imponía su propia constitución al ganar la guerra o las elecciones. Además, no son muchas las constituciones que surgen de un proceso pluralista y democrático como este.

Por ejemplo, un puñado de personas escogidas a dedo por el dictador Adolfo Pinochet redactaron la Constitución chilena de 1980 (ahora mismo una asamblea constituyente similar a la colombiana escribe una nueva constitución para el país austral).

De otro lado, la Constitución venezolana de 1999 fue redactada por una asamblea donde dominó el chavismo y que concentró mucho poder en el ejecutivo.

Constituciones latinoamericanas

Las constituciones latinoamericanas que surgieron de esa ola de reformas a finales del siglo XX tienen sus particularidades, pero, como lo recuerda Rodrigo Uprimny, existen algunos elementos en común:

• reconocen el carácter multiétnico y multinacional de su respectivo país;
• consagran protecciones para las minorías (especialmente étnicas);
• redefinen el papel del Estado en el manejo de la economía y
• consagran la protección de nuevos derechos, especialmente los económicos y sociales como el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua, entre otros.

El aumento de los derechos reconocidos constitucionalmente fue uno de los cambios más notorios, como puede verse en el siguiente gráfico.

La Constitución colombiana destaca por ser muy garantista, ya que va más allá del reconocimiento de derechos civiles y políticos como la libertad de expresión y de protesta (característicos de las constituciones democráticas), y reconoce derechos económicos y sociales como el derecho a la pensión, el derecho a un medio ambiente sano y los derechos de las minorías étnicas.

Para muchas personas la Constitución es demasiado garantista. Para otros, muchos de esos derechos son promesas en un papel. Como señalan Natalia Ángel Cabo y Domingo Lovera Parmo, estas tensiones en la puesta en marcha de las constituciones latinoamericanas son fruto de las desigualdades de la región y de la debilidad de sus instituciones.

Francisco Gutiérrez Sanín constata los avances democratizantes de la Constitución de 1991 y al mismo tiempo señala que estos, sin dejar de ser ganancias, chocaron con las realidades del conflicto y de la política del país. Cerrar las brechas de la desigualdad y robustecer las instituciones para acercar la realidad y la constitución son retos pendientes en la región.

Reformas constitucionales

Desde su creación, la Constitución de 1991 ha sido reformada en algún aspecto sustancial en veinte ocasiones (ver gráfico), convirtiéndola en una de las constituciones con más cambios en América Latina.

En contraste, la mayoría de las constituciones de la región no han sido reformadas más de nueve veces. Cierto grado de flexibilidad permite hacer ajustes, pero en el caso de una constitución se espera cierta rigidez; tantos cambios son preocupantes porque sugieren inestabilidad e incluso desvíos de la orientación original.

Treinta años después de su creación, la Constitución de 1991 no permanece inmóvil. Es un pacto político para un país incluyente y plural que está en permanente construcción.

Este artículo fue publicado originalmente en Razón Pública bajo el título “Estados Unidos: La derecha se toma el poder judicial.”

La que faltaba

Este 26 de octubre los republicanos que tienen mayoría en el Senado confirmaron a la jueza postulada por el presidente Donald Trump, Amy Coney Barrett, como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Barret fue profesora de derecho y magistrada de un tribunal de apelación federal; sus publicaciones y decisiones indican que es muy conservadora. La escogencia es tanto más notable si se recuerda que Barret viene a reemplazar a la magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg, que había fallecido pocos días antes.

Con esta decisión unilateral, apresurada y a pocos días de unas reñidas elecciones presidenciales, la Corte quedó integrada por seis magistrados de derecha y apenas tres progresistas.

La nominación de Barret es un parteaguas para el tribunal y para las instituciones democráticas. En este nombramiento convergen el largo proceso de transformación del poder judicial y el de la progresiva erosión de la democracia estadounidense.

Minorías organizadas

El esfuerzo por transformar el poder judicial dándole un tinte más conservador tiene dos motores: la Federalist Society (FS) y el movimiento cristiano conservador, también conocido como la derecha cristiana en Estados Unidos.

La FS es una organización privada de abogados y políticos conservadores que cuenta con más de sesenta mil miembros. Sus fundadores querían contrarrestar la influencia de las ideas liberales en el ejercicio de la abogacía y en el poder judicial en Estados Unidos. Como muestra Amanda Hollis-Brusky, esta organización se convirtió en una poderosa e influyente red que transformó la cultura jurídica de ese país.

La derecha cristiana es una amalgama de organizaciones religiosas (protestantes, evangélicos y católicos) que movilizan votantes y ejercen presión en favor de los candidatos y causas afines a sus posturas.

Este grupo tiene una dura posición antiaborto y está en contra de la sentencia de la Corte Suprema Roe vs. Wade (1973) que despenalizó el aborto en Estados Unidos. En una entrevista reciente, Marjorie Dannenfelser, presidenta de una de las organizaciones clave del grupo, afirmó que la prioridad de su trabajo era el ingreso a la Corte Suprema de jueces abiertamente opuestos al aborto. Dijo también que había pasado de ser crítica acérrima del candidato Trump, a darle apoyo entusiasta cuando este anuncio que nominaría jueces “provida” en su campaña de 2016.

La alianza de estos dos grupos fue incómoda al comienzo, pero ahora es efectiva. Hay una lista de candidatos aptos para la Corte Suprema, acreditados por la FS. Uno de los requisitos para hace parte de esa lista es ser antiaborto. A cambio de comprometerse a nominar abogados que estén en esa lista, Trump se benefició del músculo político, el trabajo de base y los votos de estos grupos.

Amy Coney Barrett es una candidata con credenciales impecables que cumple los requisitos de estas dos coaliciones. Llega a la Corte con 48 años para ocupar un cargo vitalicio. Este es el tercer nombramiento de Trump en este tribunal.

Jugadas antidemocráticas

Para aumentar la influencia de los conservadores en el poder judicial se necesitan aliados políticos, pues los jueces federales y magistrados de la Corte son postulados por el presidente y están sujetos a aprobación del Senado.

En este caso los aliados claves son el presidente Trump y el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell. Para hacer realidad la promesa de Trump se trastocaron las normas y procedimientos democráticos. Esta transgresión socava la legitimidad, reduce la transparencia e interfiere con la naturaleza de las instituciones democráticas.

El estiramiento de las reglas democráticas fue especialmente notorio en el nombramiento de los jueces a la Corte Suprema. El proceso es simple: la selección arranca cuando el presidente selecciona a un candidato, que se somete a la aprobación del Senado. El Senado por mayoría simple aprueba o rechaza. La Corte Suprema únicamente tiene nueve miembros que sirven de por vida.

En febrero de 2016, cuando Barack Obama estaba en su último año de gobierno y faltaban diez meses para las elecciones, murió el juez conservador Antonin Scalia. Obama nominó a Merrick Garland, un demócrata de centro, como su candidato para reemplazarlo.

En ese momento McConnell se negó a darle trámite a la nominación en el Senado. Argumentó que siendo año electoral debía dejarse esa nominación en manos del ganador de las elecciones presidenciales. Al poco tiempo de posesionarse, Donald Trump nominó al conservador Neal Gorsuch y el Senado lo confirmó.

Al negarse a siquiera considerar el candidato de Obama en 2016, McConnell rompió las reglas de la democracia estadounidense. Este año McConell hizo lo contrario: confirmar a Barrett cuando faltaban días —y no ya meses— para las elecciones.

La jueza Ruth Bader Ginsburg murió el 18 de septiembre de 2020. Barrett fue confirmada en 27 días (cuando la confirmación en promedio dura dos meses) y a apenas una semana de las elecciones presidenciales en las cuales Trump se juega su reelección.

El Senado frenó a Obama en la Corte Suprema y en los tribunales federales y de distrito al negarse a votar la aprobación de los candidatos que el presidente puso a su consideración.

Pero desde que Trump llegó a la presidencia, bajo el liderazgo de McConnell, la mayoría republicana aprobó con diligencia las nominaciones hechas por el Ejecutivo a los tribunales de apelación.

Saboteando la democracia

Las jugadas de McConnell (que los demócratas también hicieron, aunque con menor fuerza y frecuencia) debilitan las instituciones. Como señalan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, saltarse las reglas del juego constituye una amenaza seria al régimen democrático, pues desdibuja la cancha y favorece a ciertos jugadores.

A pesar de su controversial procedimiento, el nombramiento de Barrett consolida el proyecto conservador, al tiempo que enfurece a los demócratas. En un contexto de inestabilidad e incertidumbre, su llegada a la Corte Suprema pone sobre la mesa la posibilidad de que los demócratas tomen medidas extremas y poco democráticas, para ajustar cuentas con sus opositores.

Esto agravaría las ya debilitadas normas e instituciones democráticas de Estados Unidos. Si gana Trump, podemos esperar avances en la misma dirección y la consolidación del predominio conservador en el poder judicial.

Si Joe Biden gana y su partido obtiene una mayoría en el Senado, Biden tendría ante sí un abanico de opciones para apaciguar las críticas crecientes de sus copartidarios a la distribución y composición de la Corte.

Algunas propuestas para reformar la Corte incluyen instaurar límites a los años de servicio en el tribunal (no más términos vitalicios) y limitar su jurisdicción. La ‘opción nuclear’ consiste en aumentar el número de jueces, dándole la opción a Biden de nombrar magistrados adicionales a los nueve actuales.

Aumentar el número de magistrados sería una maniobra políticamente compleja, costosa y discutible a los ojos de muchos. Hasta el momento, Biden rehúsa comprometerse con esta idea. Por ahora, su propuesta es más diplomática: crear una comisión bipartidista que haga recomendaciones sobre nuevas reformas para la Corte.

El problema es el tiempo. Una comisión de esta naturaleza tomará meses, hay mucho descontento en el partido demócrata y no es claro que los Republicanos tengan incentivos para negociar.

Gane quien gane la elección presidencial, la controversia alrededor de la Corte Suprema seguirá y será el centro de muchas batallas. En el mediano plazo, una reforma a la Corte parece una posibilidad. Pero no está claro cómo se concertará, o si se forzará, esa reforma.

En cualquier caso, las tensiones alrededor del nombramiento de Barrett, y la forma en que el mismo se ejecutó, son otra muestra de la crisis que atraviesa la democracia norteamericana.

Escrito por: Sandra Botero y Javier Revelo Rebolledo para 070
Publicado en cerosetenta: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/uribe-vs-las-altas-cortes-una-historia-sin-fin/

La orden de captura contra Álvaro Uribe ha servido de excusa para que, otra vez, el Centro Democrático intente reformar “de fondo” la justicia. Ya muchos de sus partidarios han hablado de hacer una Asamblea Nacional Constituyente para crear una sola corte, en lugar de las cinco que existen hoy en la rama judicial: Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Justicia Especial para la Paz. El Centro Democrático describe esta decisión como un atentado a la democracia, y habla de recoger firmas y radicar ante el Congreso un referendo.

Estas propuestas del partido de gobierno no son nuevas. Durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo episodios de mucha tensión entre la Presidencia y las altas cortes, incluyendo denuncias penales, chuzadas a los magistrados e intentos de reforma que reaccionaban a las decisiones de la justicia. ¿Es esta coyuntura actual una repetición de la anterior?

En el corto plazo parece poco probable que se logre tramitar una reforma judicial de marca mayor o que se quiebren las instituciones. En el mediano plazo, lo que pase dependerá del uso político que el Centro Democrático haga de las decisiones de la Corte Suprema de cara a las campañas políticas de 2022. En cuanto al proceso judicial que adelanta la Corte contra Uribe, la medida de aseguramiento abre una zona gris cuyas implicaciones políticas son tan difíciles de predecir como lo es el desenlace exacto del proceso judicial.

Las tensiones entre uribismo y las Cortes: un salto al pasado

La relación entre el Gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2010) y las Altas Cortes fue muy tensionante porque, desde el principio, el de Uribe fue un Gobierno muy poderoso: fue el primero que llegó a la Presidencia sin el respaldo de un partido político con personería, el primero que ganó en primera vuelta (las dos veces que se lanzó) y el primero que logró aprobar la reelección presidencial inmediata. Siempre tuvo una popularidad muy alta, por encima del 70 %, y siempre contó con mayorías en el Congreso para hacer prácticamente lo que quisiera a nivel legislativo. Por eso no sorprende su pelea con las Cortes: a los líderes y a los partidos fuertes les suelen incomodar los controles.

Desde el principio, el gobierno de Uribe quiso ampliar su poder más allá de lo que se ganó en las urnas y mostró un interés muy claro y explícito por cooptar y permear las entidades del Estado que fueron creadas para controlarlo: las instituciones en la rama judicial y los organismos de control.

El caso más evidente fue el de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, una institución clave porque en esta sala se definían algunas tutelas contra las decisiones judiciales de otros jueces. En esa sala, el uribismo logró elegir a varios magistrados porque así lo permite su proceso de elección: son elegidos por el Congreso, donde el presidente tenía mucho poder, de ternas presidenciales. El riesgo entonces era que, mediante esa sala, el Gobierno pudiera tumbar las decisiones que otras Cortes estaban tomando en contra de funcionarios del gobierno o miembros de su coalición. En particular una: la Corte Suprema, la misma que este martes tomó la decisión de dictar contra el expresidente una detención domiciliaria.

Pero el uribismo nunca pudo cooptar a la Corte Suprema por una razón básica: los mismos magistrados son quienes eligen a sus sucesores (el sistema de cooptación). Es decir, es más difícil que otros poderes y los políticos definan la elección de los nuevos magistrados.

La pelea con la Corte Suprema fue explícita y se forjó, sobre todo, a propósito del proceso de desmovilización del paramilitarismo que promovió Uribe. La Corte Suprema tomó decisiones que le disgustaron al gobierno desde el comienzo. Por ejemplo, se opuso a que el paramilitarismo fuera un delito político, lo que en últimas, les permitía obtener amnistía e indultos a los desmovilizados. Más tarde, la corte se opuso a la extradición de cabecillas paramilitares, que había avalado en un primer momento, bajo el argumento de que éstos tenían que responder primero ante las víctimas en Colombia que por sus negocios ilícitos en Estados Unidos.

Para completar, la Corte Suprema se convirtió en pieza clave de los procesos judiciales contra varios ministros y más de 50 congresistas de la coalición de Gobierno –incluido el primo del expresidente, Mario Uribe– por hechos de corrupción y por alianzas con grupos paramilitares (parapolítica).

La reacción de Uribe no se hizo esperar: amenazó con impulsar reformas y referendos para cambiar la justicia. Aunque ninguna iniciativa se concretó –la pelea era más mediática que institucional– la molestia del uribismo con la justicia era tan evidente que, por ejemplo, en los primeros años habló de autorizar un cuarto estado excepción: la emergencia judicial, que se sumaría al estado de conmoción interior, de emergencia económica y de guerra exterior que están contemplados en la Constitución del 91.

Además, en 2008, el presidente denunció penalmente por injuria y calumnia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, cuando éste reveló que Uribe lo había llamado para averiguar por la situación jurídica de su primo, Mario Uribe. Luego, ratificó esa denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Igual suerte corrieron todos los miembros de la sala penal de la corte.

Fue una estrategia de ‘todas las formas de lucha’ que incluyó, además, interceptaciones ilegales a los magistrados de las Cortes, en particular de la Suprema, cómo se destapó en el 2009.

La Corte Constitucional por su parte ni estuvo tan alejada de los intereses del Gobierno, ni tan expuesta a su cooptación. Hay varios hechos que lo demuestran: durante el primer período de Uribe, esta Corte le tumbó al presidente dos proyectos claves para su política de seguridad: el estatuto antiterrorista y la declaratoria de conmoción interior. También protegió los derechos de las víctimas, que la versión inicial de la Ley de Justicia y Paz ponía en peligro. Estas decisiones despertaron la indignación del gobierno que, como ahora, hizo llamados para reformar a la justicia apelando al pueblo. Sin embargo, en 2004, la Corte aprobó la primera reelección de Uribe. Y luego, en 2010, en una decisión sorpresiva, la Corte tumbó la segunda reelección. Una decisión que Uribe acató.

¿Qué tanta confrontación podría haber ahora?

Ahora que se vuelven a escuchar con fuerza los llamados del uribismo para reformar la justicia y que se promueven referendos y asambleas constituyentes, en otros sectores crecen las alarmas ante el posible desequilibrio de poderes, debilitamiento de las instituciones y violación de la independencia judicial.

Pero, aunque el lenguaje de hoy tiene cosas en común con el de hace poco más de una década, hay una diferencia esencial: hoy Uribe no es el presidente y su popularidad no es la de antaño. Encuestas recientes han mostrado que su popularidad está a la baja y, sobre todo, está creciendo su imagen negativa. Además, el presidente Iván Duque está en una posición debilitada y no ha querido ni podido formar una coalición fuerte en el Congreso. Es poco probable que el partido de gobierno logre en los próximos meses el consenso político amplio necesario para lograr reformas radicales como instaurar una corte única.

Sin embargo, si algo ha demostrado el uribismo es su capacidad de aprovechar a su favor sus crisis en términos electorales. Lo ha logrado a través de un elemento muy poderoso: el talento para construir relatos fáciles de digerir y fáciles de comunicar a sus electores, que movilizan a la opinión pública a nivel emocional. La prueba es el plebiscito por la Paz y las estrategias que implementaron para que el No ganara.

A juzgar por los discursos que han dado representantes del uribismo tras la decisión de la Corte de detener al expresidente, la estrategia para las elecciones de 2022 podría ser la misma: usar la reforma a la justicia como caballito de batalla para agitar los ánimos a favor de sus candidatos. Su discurso parece estar montado sobre tres ideas fundamentales: que la justicia es corrupta, que hay una persecusión política en contra de Uribe y que mientras Uribe está preso, ‘los terroristas de las Farc’ están libres y en el Congreso. En este escenario, es posible que la confrontación entre el uribismo y las Altas Cortes aumente con ataques y más amagues de reformas a la justicia.

El proceso judicial que enfrenta Álvaro Uribe es muy largo, hasta ahora comienza y falta resolver al menos dos puntos fundamentales:

¿Uribe renunciará a su curul en el Senado? Es una posibilidad: en 2018, ya hizo un amague en esa dirección cuando la Corte lo citó a indagatoria por el caso que hoy nos ocupa. Esa decisión puede abrir una discusión que aún no está zanjada en la Corte Suprema: la pregunta es si, al renunciar Uribe a su curul, la Corte pierde competencia para investigarlo y el caso pasa a la Fiscalía. El Fiscal Barbosa es una persona muy cercana al Presidente Duque. Sobre este aspecto, al parecer la Corte Suprema tiene dos líneas de jurisprudencia que se originaron durante el proceso de la parapolítica. En ese entonces, la Corte decidió que la renuncia al Congreso implicaba el traslado de los procesos a la Fiscalía. Pero, al cabo de un tiempo, la Corte cambió su posición y decidió lo contrario. Así, reasumió muchos de los procesos contra congresistas que ya estaban en la Fiscalía. Este debate aún está abierto.

Además, falta ver qué tan fuertes son las pruebas que tiene la Corte Suprema en contra del expresidente. Por la decisión que tomó ayer, parece que lo son, aunque es imposible saberlo. Lo cierto es que los magistrados que están estudiando en este momento el proceso no son los mismos que el gobierno de Uribe denunció e interceptó ilegalmente durante su mandato ni los que llevaban el caso. La mayoría son nuevos. No hay muchas pistas para saber cómo van a actuar y qué tan rápido se va a mover este caso o si, en el peor de los casos, se va a estancar.

Otra posibilidad es que justamente por la relación confrontacional del uribismo con el poder judicial se fortalezcan las cortes y en paralelo, que surja nuevamente un movimiento desde otros sectores políticos y sociales para rodear y fortalecer a la Corte Suprema y en general, a la rama judicial. Un movimiento similar surgió en apoyo a la Corte Suprema y a la Constitucional con ocasión de las reformas propuestas y los ataques durante la administración de Uribe.

Ya está ocurriendo: el comunicado conjunto que expidieron las cinco Cortes exigiendo respeto hacia la rama judicial, es una muestra. Esta movida es una acción colectiva impresionante que implica no sólo alinear a sus cinco presidentes sino lograr una base de apoyo importante entre los magistrados de cada corte. El comunicado conjunto evidencia solidaridad de cuerpo frente a un ataque que puede sufrir cualquier alto tribunal. Más allá de la forma, ilustra un cambio más profundo al interior de las Cortes, las cuales, tras años de confrontación política con el ejecutivo, se están afianzando como contrapeso efectivo. Este cambio no es nada menor en términos de fortalecimiento institucional.

En el corto plazo es entonces poco probable que una reforma institucional de gran alcance prospere. En el mediano plazo es una posibilidad, pero esto dependerá tanto de los réditos electorales que el Centro Democrático logre sacar de los avances del proceso judicial como de las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia en los siguientes meses. Lo cierto es que la decisión de esta semana abre un nuevo escenario para el país, una zona gris entre un escenario de impunidad total y de responsabilidad total. Mostró que el expresidente Uribe no es intocable, y que después de 25 años e innumerables procesos e investigaciones en su contra, él también puede ser llevado a la justicia. Por eso, aunque es incierto lo que puede venir de aquí en adelante, sí hay unas certezas: que el país no es el mismo que gobernó Uribe durante ocho años y que un nuevo escenario se abre para la política colombiana.