Este texto fue publicado originalmente en Razón Pública.

La Constitución de 1991 cumplió treinta años.

Una constitución es el acuerdo político básico de un país: establece las reglas de juego más importantes y las aspiraciones comunes que dirigen a una comunidad política.

La Constitución transformó el país y aún hoy sigue evolucionando. Su origen democrático y su apuesta por proteger un amplio catálogo de derechos la distinguen de otras constituciones, al tiempo que contribuyen a su carácter transformador.

Ese texto hizo parte de una ola de reformas constitucionales que ocurrieron en América Latina hacia finales del siglo XX (1988-2009). Ocho países redactaron nuevas constituciones: Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), República Dominicana (1994), Ecuador (1998 y 2008), Venezuela (1999) y Bolivia (2009).

Paralelamente, algunos países optaron por hacer reformas constitucionales sustanciales en vez de escribir nuevas constituciones, por ejemplo Argentina en 1994.

La Constitución de 1991 es parte integral de esa ola regional y un reflejo de un momento único en la historia colombiana. La carta magna representó una salida democrática de la crisis política e institucional que vivía el país.

El punto más álgido de esa crisis fue la década de 1980, marcada por altos niveles de violencia, conflicto y una renuencia e incapacidad de las instituciones políticas de responder, especialmente del Congreso.

Fue un movimiento estudiantil el que impulsó una asamblea constituyente de elección popular, vinculada con el proceso de paz con la guerrilla del M-19 (en ese momento se pretendía que el proceso de paz y el constituyente incluyeran otras guerrillas pero esto no se logró).

La Constitución de 1991 fue la única escrita por personas elegidas por voto popular. Los y las constituyentes representaron diferentes fuerzas: partidos tradicionales (Conservador y Liberal, que no eran mayoría en la asamblea), nuevas fuerzas políticas, independientes, guerrilleros desmovilizados e indígenas.

Esa asamblea funcionó de manera democrática y construyó una constitución que pretendió limitar el presidencialismo, asegurar la separación de los poderes, plantear un sistema electoral más incluyente que el anterior y robustecer el poder judicial.

Adicionalmente, reconoció más derechos e incluyó nuevos mecanismos de protección como la tutela. Su ambición, su potencial, sus imperfecciones y contradicciones reflejan los consensos mínimos a los que llegaron personas muy diferentes para plantear una nueva ruta para el país.

Que la constitución haya sido escrita por una asamblea donde estaban representadas una pluralidad de fuerzas fue un acontecimiento importante para la nación en dos sentidos. En el siglo XIX, uno de los dos partidos tradicionales imponía su propia constitución al ganar la guerra o las elecciones. Además, no son muchas las constituciones que surgen de un proceso pluralista y democrático como este.

Por ejemplo, un puñado de personas escogidas a dedo por el dictador Adolfo Pinochet redactaron la Constitución chilena de 1980 (ahora mismo una asamblea constituyente similar a la colombiana escribe una nueva constitución para el país austral).

De otro lado, la Constitución venezolana de 1999 fue redactada por una asamblea donde dominó el chavismo y que concentró mucho poder en el ejecutivo.

Constituciones latinoamericanas

Las constituciones latinoamericanas que surgieron de esa ola de reformas a finales del siglo XX tienen sus particularidades, pero, como lo recuerda Rodrigo Uprimny, existen algunos elementos en común:

• reconocen el carácter multiétnico y multinacional de su respectivo país;
• consagran protecciones para las minorías (especialmente étnicas);
• redefinen el papel del Estado en el manejo de la economía y
• consagran la protección de nuevos derechos, especialmente los económicos y sociales como el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua, entre otros.

El aumento de los derechos reconocidos constitucionalmente fue uno de los cambios más notorios, como puede verse en el siguiente gráfico.

La Constitución colombiana destaca por ser muy garantista, ya que va más allá del reconocimiento de derechos civiles y políticos como la libertad de expresión y de protesta (característicos de las constituciones democráticas), y reconoce derechos económicos y sociales como el derecho a la pensión, el derecho a un medio ambiente sano y los derechos de las minorías étnicas.

Para muchas personas la Constitución es demasiado garantista. Para otros, muchos de esos derechos son promesas en un papel. Como señalan Natalia Ángel Cabo y Domingo Lovera Parmo, estas tensiones en la puesta en marcha de las constituciones latinoamericanas son fruto de las desigualdades de la región y de la debilidad de sus instituciones.

Francisco Gutiérrez Sanín constata los avances democratizantes de la Constitución de 1991 y al mismo tiempo señala que estos, sin dejar de ser ganancias, chocaron con las realidades del conflicto y de la política del país. Cerrar las brechas de la desigualdad y robustecer las instituciones para acercar la realidad y la constitución son retos pendientes en la región.

Reformas constitucionales

Desde su creación, la Constitución de 1991 ha sido reformada en algún aspecto sustancial en veinte ocasiones (ver gráfico), convirtiéndola en una de las constituciones con más cambios en América Latina.

En contraste, la mayoría de las constituciones de la región no han sido reformadas más de nueve veces. Cierto grado de flexibilidad permite hacer ajustes, pero en el caso de una constitución se espera cierta rigidez; tantos cambios son preocupantes porque sugieren inestabilidad e incluso desvíos de la orientación original.

Treinta años después de su creación, la Constitución de 1991 no permanece inmóvil. Es un pacto político para un país incluyente y plural que está en permanente construcción.