Escrito por: Sandra Botero, Juan Albarracín, Juan Pablo Milanese y Pablo Sanabria*
Publicado en El Espectador: https://www.elespectador.com/noticias/politica/lo-barato-sale-caro-es-conveniente-reducir-el-tamano-del-congreso-analisis-articulo-918462

El proyecto que busca reducir el tamaño del Congreso se presenta como una iniciativa para economizar recursos. Sin embargo, el ahorro en salarios tendrá consecuencias serias en términos de representación política, mala distribución geográfica de los escaños y formulación de políticas públicas. El cambio podría salirle muy caro al país y especialmente a las regiones más rezagadas del desarrollo.

Propuestas para reformar el Congreso Nacional nunca faltan en un país que no logra comprender del todo el rol fundamental que cumple la Rama Legislativa. En el referendo constitucional de 2003, impulsado por el entonces presidente Álvaro Uribe, se buscaba reducir el tamaño del Senado a 83 legisladores. Recientemente, los congresistas Oscar Villamizar y Gabriel Jaime Vallejo, del Centro Democrático, radicaron una propuesta de reducción drástica del tamaño del Congreso, argumentando que la iniciativa supondría un ahorro importante para el Estado, y que estos recursos podrían destinarse a la reactivación económica motivo pandemia del COVID-19.

Proponer reducciones en el número de congresistas (o a su salario) siempre es taquillero. Las célebres imágenes de parlamentarios durmiendo en los hemiciclos o ausentándose de las sesiones desatan ira en la prensa e indignación rápida en las redes sociales y tienden a legitimar socialmente ese tipo de iniciativas, sin medir sus implicaciones verdaderas para la sociedad. No sorprende que el Congreso sea una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía: según la encuesta 2018 del Barómetro de la Américas, sólo aproximadamente el 25% de los colombianos expresaba confianza en el Legislativo.

Sin embargo, el desprestigio del Congreso no es una razón suficiente para reducir su tamaño. Mucho menos cuando buena parte de la imagen está construida a partir de estereotipos que opacan la importante labor de representación que cumple un cuerpo legislativo. De hecho, creemos que la propuesta presentada recientemente es inconveniente porque reduce la representación de regiones claves e intensifica la mala adjudicación territorial de escaños y la concentración de poder.

La menor representatividad afecta la calidad y equidad de las políticas públicas e introduce distorsiones a los procesos de formulación de políticas públicas en los cuales el Legislativo cumple un rol fundamental. No sólo se concentra el poder para definir los temas que conforman la agenda de políticas públicas, sino que introduce monopolios y sesgos en la aprobación de proyectos y en la asignación de los recursos presupuestales, afectando de forma más fuerte a las regiones menos desarrolladas.

Lo anterior cobra particular relevancia si se tiene en cuenta que el Congreso colombiano es relativamente pequeño en términos absolutos y relativos. De hecho, está ubicado entre aquellos que acumulan una mayor cantidad de habitantes por cada curul a nivel mundial. Esto es especialmente visible en el caso de la cámara baja, donde ocupa el decimotercer lugar entre 193 países que poseen legislatura (sean o no democráticos). Mientras tanto, al revisar el del Senado, desciende al decimoctavo y teniéndose en cuenta la suma de las curules de ambas al vigésimo primero. Es decir, el Parlamento colombiano, en sus dos cámaras, se encuentra entre los 20 más pequeños del mundo.

Los efectos en Senado y Cámara de Representantes

En ese contexto, una reforma a su tamaño parece no reconocer las negativas implicaciones que tendría reducir aún más las posibilidades de representación en un país como Colombia. Veamos qué efectos tendría esta reforma para la composición del Senado y de la Cámara de Representantes, empezando por esta última.

La Cámara está diseñada para dar representación a los departamentos y al Distrito Capital de manera proporcional a su número de habitantes. Una de las principales consecuencias negativas de la reforma propuesta es que generaría automáticamente una mala distribución de escaños. Principalmente, el porcentaje de curules de algunos departamentos no correspondería a su peso poblacional, rompiendo la proporcionalidad, y generando una desigualdad fuerte entre las circunscripciones.

A simple vista es claro que la propuesta reduciría el número de curules para la gran mayoría de departamentos, excepto aquellos poco poblados que tienen actualmente el mínimo de dos representantes (por ejemplo, Caquetá, Chocó, Guainía), quienes mantendrían ese piso mínimo. Sin embargo, debemos ir más allá del número de curules para entender los efectos en términos proporcionales y de desigualdad entre los departamentos teniendo en cuenta su población. Es normal que haya cierta distorsión, o discrepancia, entre el número de curules de la circunscripción electoral (en nuestro caso, departamentos y el Distrito Capital) y la proporción real de habitantes de cada unidad. Un índice que mide esa distorsión (diseñado por los académicos Samuels y Snyder) le otorga a la Cámara colombiana actual un 15% de mala distribución. Es decir, 15% de las curules en la Cámara están en manos de circunscripciones que no deberían tenerlas teniendo en cuenta su peso-población.

Ahora, parte importante de esa distorsión en la Cámara es deseable en la medida en que le garantiza un mínimo de dos representantes a departamentos que de otra manera no tendrían esos escaños, pues su población es muy pequeña. Sin embargo, el problema radica en que el proyecto aumentaría la desigualdad en representación geográfica en la Cámara a 35%, en detrimento de las circunscripciones más pobladas (como Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca, entre otros).

Esto va en contravía de la proporcionalidad y de la igualdad de oportunidades de representación. Esta nueva distribución geográfica de las curules podría también tener repercusiones para los partidos de la oposición y los más pequeños, quienes verán reducidas sus posibilidades de acceso a la Cámara. Es en distritos numerosos como Bogotá y el Valle del Cauca que estas fuerzas políticas, impulsadas por el voto de opinión, han tenido mayor éxito electoral. Al reducirse el número de curules disponibles para estos distritos más poblados, el mínimo de votos que una candidata tendrá que sacar para poder acceder a una curul (conocido como el umbral electoral) va a aumentar drásticamente. Esto pondrá en desventaja a fuerzas políticas más pequeñas y con menos maquinaria y capital económico, quienes verán disminuidas su posibilidad de victoria electoral.

Hablemos ahora del Senado. Al crear una circunscripción nacional para el senado con la Constitución de 1991, los senadores formalmente no representan a ninguna región o departamento. En teoría, deben responder a intereses nacionales. Sin embargo, son muy pocos los que realmente tienen alcance nacional. La mayoría de los senadores siguen siendo elegidos con votos concentrados en zonas muy específicas y por lo tanto continúan inmersos en dinámicas políticas regionales y departamentales. Esta realidad significa que informalmente hay regiones que no tienen representación en el Senado. En este momento, estimamos que, de los 32 departamentos y el Distrito Capital, cerca de la tercera parte de los departamentos no tienen representación en senado.

Actualmente hay un nivel informal de mala distribución de los escaños en el Senado que es bastante bajo: aproximadamente 9,6. Esto quiere decir que aproximadamente una de cada diez curules es obtenida por departamentos que no deberían obtenerlos por su peso poblacional. La propuesta tiene la particularidad de que empeoraría tanto la representación como la mala distribución en el Senado.

De los actuales 21 departamentos y Bogotá, que tienen por lo menos un senador, se bajaría a 16 departamentos (es decir el 48%) con por lo menos un senador. Al mismo tiempo, se pasaría de una mala distribución (informal) relativamente baja de 9,59% a una mucho mayor: 21,80%. Es decir, más de una quinta parte de los escaños están siendo asignados a departamentos a los que no les corresponde por peso poblacional.

Golpe a la representación femenina y otras políticas públicas

Los análisis anteriores nos dejan ver la inconveniencia de la propuesta de reforma al tamaño del Congreso. Normalmente, cuando se propone una reforma a la Rama Legislativa, se quiere o aumentar la representatividad territorial o reducir la mala distribución. Esta reforma empeoraría ambas. Adicionalmente, esta nueva distribución de las curules también podría tener un impacto negativo en la inclusión de las mujeres, que ya es una de las más bajas en Latinoamérica y el mundo. Hicimos el ejercicio de calcular cuántas senadoras habrían resultado electas bajo las reglas propuestas usando los resultados electorales del 2019: el porcentaje de mujeres bajaría en 4 puntos porcentuales.

Pero además de los efectos en representación y calidad de la distribución y participación regional, lo anterior implica varios efectos negativos en las políticas públicas. En primer lugar, una reducción del tamaño del Congreso afecta la separación de poderes como elemento clave del proceso de políticas públicas. En ese orden de ideas, reducir tamaño buscando un enfoque de eficiencia, no sólo es contradictorio con el rol mismo del Legislativo de buscar amplia representación regional, de sectores sociales y económicos, sino que limita de forma clave el balance de valores públicos que debe existir entre las ramas del poder público. Si bien la Constitución del 91 trató de establecer un mayor equilibrio, se sigue concentrando un poder fundamental en la toma de decisión y la asignación de recursos en el Ejecutivo, en detrimento de las otras ramas, especialmente la Legislativa, que usa muy poco su poder de veto frente al Ejecutivo por su dependencia estratégica.

En segundo lugar, una reducción del tamaño del Congreso limita más su capacidad de control y seguimiento a la gestión y a la implementación de políticas públicas por parte del Ejecutivo. Mientras países como Estados Unidos tienen agencias técnicas legislativas que hacen análisis y seguimiento a la gestión de la Rama Ejecutiva (Government Accountability Office, Congressional Budget Office, Congressional Research Service, entre otras), en Colombia no existen esos espacios de capacidad técnica para el seguimiento legislativo a las políticas públicas. Un contexto reducido minaría aún más su capacidad de seguimiento y monitoreo.

En tercer lugar, una reducción del tamaño del Congreso afectaría su representatividad y generaría más centralismo y concentración de poder. Mientras, ni la Rama Ejecutiva, ni la Rama Judicial deben cumplir formalmente con cuotas regionales o sectoriales, para que la función del Legislativo en políticas públicas cumpla mejor un rol balanceador de intereses y grupos, se requiere una alta representatividad. En un país como Colombia, la centralidad de la figura presidencial y los poderes de toma de decisión y formulación centrados en la Rama Ejecutiva han limitado el efecto de esa representatividad en las políticas públicas.

En un Congreso más pequeño, la diversidad de temas y problemas incluidos en la agenda de políticas públicas, y la asignación misma de recursos, se podrían ver más concentrados. Así mismo, por la menor representación y la dificultad de llegar para grupos y partidos minoritarios o no tradicionales, sectores económicos y familias tradicionales mantendrían captura del poder regional, afectando las posibilidades de inclusión de temas y problemas de subregiones/sectores y grupos de la sociedad con menor representación.

¿Un proyecto para la galería?

Es probable que este tipo de propuestas, realizadas en un contexto como el actual, sean más efectistas que realistas. De hecho, ésta pareciera estar dirigida al aplauso de un público, históricamente cansado del comportamiento de un amplio número de legisladores, más que un Congreso poco dispuesto a auto reformarse pese al hastío que experimenta buena parte de la ciudadanía. Sin embargo, esto no hace que la idea de la reforma planteada en estos términos deje de ser inconveniente.

Una reforma consistente de la Rama Legislativa del poder no debería estar enfocada en el ahorro de unos cuantos salarios. La eficiencia no debe ser sólo un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la calidad de la acción gubernamental. Aunque un acto de austeridad (como una reducción voluntaria de estos), no sería un gesto menor por parte de los congresistas, la magnitud del cambio es más efectista y poco racional desde el punto de vista de las cuentas públicas. De haber cambios en el Congreso, deberían estar dirigidos a intentar mejorar la calidad de la representación política y de su capacidad técnica para cumplir un rol más activo en políticas públicas, como mecanismo de fortalecimiento de la maltrecha democracia colombiana.

Desde este punto de vista, aunque la tribuna no necesariamente lo celebre, sería bueno poder darle la bienvenida a proyectos que potencien la labor del Congreso y ofrezcan más herramientas a los ciudadanos para que sus representantes rindan cuentas sobre su gestión y hagan el trabajo legislativo más transparente. Para que regulen la contratación, cuenten con equipos técnicos en sus Unidades de Trabajo Legislativo y hagan seguimiento y monitoreo técnico efectivo a las acciones de la Rama Ejecutiva.

Países fuertes tienen congresos fuertes y capaces que representan a la ciudadanía. La solución no es simplemente recortar, hacer reformas cosméticas, sin calcular los efectos negativos que ellas pueden tener sobre la representación de minorías, sobre la descentralización real y la participación de regiones con menos capacidades y recursos. Un congreso reducido afecta negativamente las políticas públicas, monopoliza las decisiones, concentra el poder y los recursos, y reduce la calidad de la democracia.

* Profesores de las universidades del Rosario, Icesi de Cali, y Uniandes, respectivamente

Este texto fue escrito en co-autoría con Álvaro Hofflinger y publicado originalmente en CIPER/Académico (Chile).

La última encuesta Cadem muestra que el 71% de los chilenos apoya que continúen las marchas y movilizaciones. Al mismo tiempo, la encuesta también muestra que ningún sector político logra conectarse con, ni capitalizar el descontento de la calle. Hay un vacío de liderazgo que ninguna fuerza política logra llenar.

La oposición ha impulsado una acusación constitucional en contra del presidente Piñera y el ex-ministro Andrés Chadwick,  por denuncias de violaciones a los derechos humanos. En tanto, el oficialismo y el gobierno han intentado verse cercanos a las demandas de la ciudadanía, aunque su foco ha sido la seguridad y el restablecimiento del orden público. El 7 de noviembre, el presidente Piñera anunció un paquete de medidas enfocadas en la seguridad (incluyendo mayor apoyo para judicializar a los delincuentes o violentistas, leyes anti saqueos y antibarricadas) y convocó al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) para manejar la crisis interna.

Dirigiéndose a las fuerzas policiales, el Ministro del Interior Gonzalo Blumel señaló que uno de los objetivos de la reunión fue “fortalecer su acción y su coordinación en lo que tiene que ver con el control del orden público (…) Es una tarea de la máxima necesidad y de la máxima importancia”. La agenda de seguridad y la reunión del COSENA son señales poderosas que sugieren que en el gobierno prima la lectura de la coyuntura como un problema de orden público. Mientras tanto, Chile está inmerso en una discusión crucial sobre cómo responder a la crisis en el mediano y largo plazo, pero en el corto plazo el gobierno no logra plantear respuestas satisfactorias que le apunten a los problemas de fondo. Las movilizaciones y la represión continúan. En este contexto, nos preguntamos, ¿cómo puede incidir esta falta de liderazgo, un liderazgo que logre darle sentido  y una salida institucional a las demandas de la ciudadanía, en la campaña presidencial del 2021?

Una crisis política mal tramitada puede beneficiar a liderazgos populistas y de tinte autoritario de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué? Recordemos que, de entrada, la satisfacción de los chilenos a la democracia y sus instituciones viene cayendo. Como lo muestran las encuestas del Barómetro de las Américas, en 2018 sólo el 20% de los encuestados declaró confiar en el Congreso y 10% en los partidos políticos. La experiencia de otros países nos ha enseñado que este tipo de crisis sociales y políticas, en contexto de baja confianza institucional, son el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de líderes con discursos populistas que se presentan a sí mismos como únicos posibles salvadores y defensores del pueblo.

Como nos lo recuerda la politóloga María Esperanza Casullo, el populismo es un fenómeno que se presenta tanto en la derecha como izquierda, y suele dividir el campo político en dos, nosotros (“el pueblo, los buenos”) versus los otros (“la élite, los malos”). Es supremamente útil como herramienta política pues en contraste con el discurso tecnocrático, que un ciudadano promedio suele encontrar aburrido,  el líder populista construye y moviliza mediante su discurso emotivo el pueblo al que sólo él defiende.

La coyuntura chilena podría ser tierra fértil para un liderazgo así. Si la inacción política del gobierno continúa, junto con más represión, niveles altos y sostenidos de violencia  podrían generar un desgaste e incomodidad creciente en la clase media chilena y, en los sectores políticos moderados. Cansados, estos grupos  pueden volcarse hacia líderes cuya bandera sea llamar al restablecimiento de la “paz en el país”, justificando la represión hacia los manifestantes.

Varios líderes políticos chilenos, pero especialmente José Antonio Kast, pueden verse beneficiados de un escenario así. Sus liderazgos construyen la coyuntura simplemente como un problema de delincuencia, violencia desmedida y orden público.

En un contexto de insatisfacción, el descontento social vinculado a la desigual distribución de los ingresos y las legítimas demandas de quienes protestan, podrían pasar a segundo plano. Por el contrario, el discurso de extrema derecha puede fortalecerse, y virar hasta convertir a quienes se movilizan en una amenaza para la paz y seguridad del pueblo chileno. Este giro beneficiaría a la elite económica, pues la discusión ya no será sobre un cambio constitucional que reconfigure el pacto social y restrinja sus privilegios. Tampoco será  sobre cómo diseñar un sistema tributario más equitativo, que permita generar redistribución haciendo que los más ricos paguen más impuestos. En cambio, el problema serán los jóvenes, los violentistas, y la solución más sencilla: restablecer el orden público a través de la política de la “mano dura”.

En síntesis, planteamos que la gestión del gobierno actual del conflicto social y político es clave para construir un nuevo pacto social y avanzar en la construcción de un país más igualitario, requerimiento central de los manifestantes.

Obviamente también juega la capacidad organizativa de los manifestantes. Mantener movilizaciones enérgicas y disruptivas, pero no violentas, es un desafío enorme, del cual también depende que el apoyo que las movilizaciones tienen en la opinión pública (mayoritario hasta el momento) no se desvanezca. Sin embargo, queremos enfatizar que un mal manejo político por parte del gobierno (como el observado hasta hoy) puede ayudar al surgimiento y consolidación de movimientos populistas de extrema derecha. El germen del discurso populista está aquí, como ya vimos. Adicionalmente, su relevancia electoral podría verse facilitada por el bajo nivel de participación de los jóvenes chilenos y por la ausencia de liderazgo político en la izquierda.

En la elección presidencial del 2017, solo uno de cada tres jóvenes menores de 30 años votó. Un liderazgo populista de derecha puede generar un amplio rechazo en este grupo, que creció bajo democracia. Pero, si esta disconformidad no logra traducirse en un castigo en las urnas, los jóvenes no servirán de contrapeso electoral.

Esta compleja mezcla  puede derivar en que la carrera presidencial del 2021 sea monopolizada por la extrema derecha populista y su discurso de la “ley y el orden”, de la “mano dura” contra los “castro-chavistas” y la “internacional socialista.” El malestar social profundo y legítimo quedará reducido a pataleos de grupo de “alienígenas” que quieren convertir al país en “Chilezuela”. Sólo la extrema derecha podrá salvar a Chile de la invasión.

Alvaro Hofflinger es académico de la Universidad de la Frontera, Temuco. Obtuvo su PhD en Políticas Públicas y maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin. Psicólogo de la Universidad de la Frontera.

Sandra Botero es académica de la Universidad del Rosario, Colombia. La Dra. Botero obtuvo su PhD en Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame, Maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin. Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia.

Este texto fue publicado originalmente en La Silla Vacía, en co-autoría con Santiago Cortés Carvajal.

Uno de los temas centrales de la campaña presidencial ha sido, para bien o para mal, la justicia transicional en el marco de los acuerdos de paz con las FARC. La campaña de Iván Duque en particular ha puesto sobre la mesa duras críticas a la JEP (Justicia Especial para la Paz). Marta Lucía Ramírez, candidata a vice-presidenta, ha hablado de la posibilidad de acabarla y trasladar los casos al sistema judicial ordinario.

Esta semana, afirmó que la solución podría ser una sala especial dentro de la Corte Suprema de Justicia. No sabemos si se harán realidad estas promesas de campaña, pero vale la pena sopesar lo que podrían significar. Acabar con la JEP desconoce el rol particular de este tribunal en el marco del sistema más amplio de justicia transicional. Pero, además, resulta cuestionable en la medida en que el sistema ordinario está desprestigiado y no tiene la capacidad para manejar bien estos casos.

Más allá de las dudas que genera el arranque de la JEP—fruto de la controversia alrededor de la implementación de los acuerdos, la magnitud de la tarea y los retrasos—la propuesta alternativa no parece particularmente prometedora. La justicia transicional es un asunto complejo, que surge de negociaciones políticas y cuya ejecución tiene una dimensión política. Aunque no es fácil “tragarse el sapo” de penas reducidas o alternativas, es necesario entender el contexto y pensar más allá de la coyuntura electoral.

Justicia transicional y justicia penal ordinaria no son lo mismo

La justicia transicional consiste en diferentes medidas y/o mecanismos (judiciales o no judiciales) a los que se recurre para reparar violaciones a los derechos humanos. En el caso de los acuerdos de paz de La Habana con las FARC, se buscó un balance entre el castigo por los crímenes cometidos, la verdad y penas reducidas para quienes reconozcan su responsabilidad. Esta es una lógica muy diferente a la de justicia penal ordinaria, y esto la hace controversial y a menudo poco popular.

La justicia transicional no es nueva: Colombia tiene experiencias previas (Justicia y Paz la más reciente) y muchos otros países se han embarcado en procesos similares al intentar dar cierre a conflictos complejos. Otros ejemplos incluyen el Tribunal para el genocidio camboyano, el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, el Tribunal Penal para Ruanda y el Tribunal Especial para Sierra Leona.

Algunos de estos son tribunales con jueces internacionales, otros tenían mandatos más reducidos, diferentes, o más largos que los de la JEP, que funcionará por 15 años (con posibilidad de prolongarse por 5 años más). Cada caso es único, pero todos generaron fuertes debates. Colombia no es la excepción en ese sentido.

Sin embargo, la ocurrencia simultánea del arranque de la JEP con la campaña presidencial ha vuelto la discusión un tema electoral candente donde están primando las consideraciones de corto plazo. No parece una casualidad que el proyecto de ley estatutaria no haya sido votado esta semana y quedara aplazado para después de la segunda vuelta.

Según el acuerdo de paz, habrá penas reducidas y alternativas (como desminado y erradicación de cultivos ilícitos) para quienes reconozcan sus responsabilidades y cuenten lo sucedido. Por ejemplo, si una persona cometió el delito de desaparición forzada, deberá no solo reconocer su responsabilidad, sino que también deberá contar que sucedió con la víctima. Solo reconociendo los actos y contando toda la verdad se podría acceder a las penas reducidas.

La JEP, además, es solo una parte del engranaje más amplio que se conoce como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). El SIVJRNR se compone también de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y de la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El objetivo del sistema no es sólo punitivo: es darle garantías a la sociedad colombiana de que se conocerá lo que sucedió durante el conflicto, que las víctimas serán reparadas y que no habrá un intento por parte de las FARC de volver a alzarse en armas contra el Estado colombiano. Los críticos de la JEP recalcan que las penas son insuficientes. El asunto es que las penas fueron fruto de una negociación política, pero que además, como vimos, estas no buscan únicamente el castigo.

Aparte de la brevedad de las penas, que ha sido duramente criticada, gran parte del debate público se ha centrado en si es conveniente que ex combatientes (especialmente comandantes) asuman curules en el Congreso sin haber pasado por la JEP. Aunque este tema no es menor—y las consecuencias de los retrasos con el arranque de la JEP en este sentido son importantes—acabar con la JEP impactaría también y sobre todo a los miles de ex combatientes rasos y a otras personas (incluidos militares) que se han acogido a su jurisdicción.

También podría ser negativo para las víctimas. Remitir los crímenes asociados con el conflicto para que sean procesados y juzgados por la justicia ordinaria acabaría con la lógica de la justicia restaurativa y bien puede relegar a las víctimas a un segundo lugar, o dejarlas por fuera.

La lógica de la justicia penal ordinaria es otra. Para mencionar solo un aspecto, recordemos un punto que enfatiza Yesid Reyes (2018): el interés primario del juez ordinario no es conocer toda la verdad del crimen sino proferir sentencia ante la aprobación de la culpabilidad. Los casos se juzgan de manera individual. Proceder así rompería la lógica del SIVJRNR.

¿Tiene capacidad el sistema judicial ordinario para asumir estos casos?

El sistema judicial no solo atraviesa una fuerte crisis de legitimidad, sino que además carece de los recursos para asumir de manera eficiente esta tarea.

La corrupción y la ineficiencia son los problemas más graves del sistema judicial. Los escándalos más recientes han salpicado hasta las instancias más altas, incluidas la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Esto ha impactado de manera negativa su legitimidad. La desconfianza de los ciudadanos en el sistema judicial ha aumentado en años recientes (ver gráfico). Según la encuesta LAPOP del 2016, mas del 50% de los colombianos no confían en el sistema judicial.

Adicionalmente, el sistema judicial está sobrecargado: en algunos sectores, hay procesos represados desde hace diez años. La celeridad en el procesamiento de crímenes después de un acuerdo de paz es una consideración importante.

Una de las críticas más fuertes que enfrentó el Tribunal para el Genocidio Camboyano (encargado de juzgar y sancionar los crímenes cometidos durante el régimen de los Jémeres Rojos) es que en sus 13 años de funcionamiento solo ha sentenciado a cinco personas y presentados cargos a cuatro más. La JEP cuenta con recursos dedicados y está construyendo criterios de priorización de casos que buscan minimizar estas demoras.

Un sistema como el penal colombiano en el que los ciudadanos no confían y el cual, además, no puede procesar a tiempo su carga regular no está preparado para asumir los crímenes cometidos durante el conflicto.

La idea de que la justicia ordinaria asuma esos casos abre también todo un abanico de preguntas sobre los jueces y como se distribuiría este trabajo: ¿a qué jueces y de que partes del país se les asignarían los procesos? ¿Se centralizarían todos los casos? Los magistrados de la JEP fueron escogidos por un comité independiente.

Entre ellos hay personas de diferentes regiones del país, militares, afrocolombianos e indígenas, con experiencia en derechos humanos y la mitad son mujeres. Esto permite tener un amplio espectro de conocimientos y percepciones, e intenta darle voz a distintas perspectivas, poblaciones e ideas en la labor de la Jurisdicción. No está claro quienes asumirían estas responsabilidades de acabar con la JEP.

Para muchos, la única forma de tratar con los ex combatientes de las FARC es a través de las sanciones que determina el código penal colombiano. Desde esta postura, acabar con la JEP puede parecer una propuesta conveniente. La justicia transicional es un asunto complejo que surge de una negociación política, y no es fácil reconciliarse con la idea de que ex combatientes cumplirían pocos años de cárcel, o incluso no serían encarcelados.

Si bien es conveniente y necesario hacerle seguimiento a la gestión de la JEP y vigilar su arranque, es también necesario entender el contexto y pensar más allá de la coyuntura electoral. El juzgamiento de los actos cometidos durante un conflicto armado que duró más de 50 años requiere más que las capacidades actuales del sistema penal ordinario. Decidir sobre ellos y reparar a las víctimas es una tarea crítica que debería ir más allá de los cálculos electorales de corto plazo.

Referencias
Reyes, Y. (2018). ¿Es injusta la justicia transicional? A manera de estudio preliminar. En: Reyes, Yesid. ed. “¿Es injusta la justicia transicional?” Bogotá: Universidad del Externado.