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Un ‘pacto histórico’ para Colombia

Este texto fue publicado originalmente en Agenda Pública el 22 de junio de 2022: https://agendapublica.elpais.com/noticia/18071/pacto-historico-colombia

La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia es un punto de inflexión en la historia del país suramericano. El líder del Pacto Histórico es el primer mandatario de izquierda que llega a esta posición, en un país históricamente conservador. Lo hace, además, en una coyuntura crítica para Colombia y América Latina, que cojean todavía por la crisis pandémica y años de descontento ciudadano y movilizaciones masivas. Con la llegada al poder, este ex guerrillero del desaparecido M-19 y su vicepresidenta, Francia Márquez (líder ambientalista afrodescendiente), se cierra un ciclo de la historia colombiana marcado por el dominio de la derecha y se concretan las promesas de apertura política e inclusión del acuerdo de paz. Este amanecer de la izquierda colombiana la enfrenta a un desafío inmenso.

Petro ha logrado la victoria tras una reñida recta final con el outsider populista Rodolfo Hernández. Las últimas tres semanas, la campaña del Pacto Histórico se volcó en el territorio, con Petro y Márquez recorriendo el país. Esta estrategia contrastó con la campaña de Hernández, quien siguió concentrándose en las redes sociales. Aunque la campana digital había sido clave en el ascenso de Hernández, no fue suficiente para lograr un acercamiento a los votantes indecisos. Tampoco pudo contrarrestar el bajón que sobrevino después de su sorpresivo paso a la segunda vuelta. El candidato no sólo perdió fuerza, sino que sus defectos (escándalos de corrupción, machismo) quedaron expuestos a la luz pública, costándole votos entre segmentos clave de la población.

El país vivió una recta final de campaña muy apretada. El ambiente se enrareció con ataques personales que auparon el temor al lado contrario. Finalmente, Petro se impuso con el 50,44% de los votos, superando a su rival por una diferencia de poco más de 700.000. De entrada, esto sugiere que construir puntos de encuentro entre ambas mitades y aquietar las aguas es uno de los desafíos inmediatos del nuevo mandatario; aunque no el único.

Su ambicioso programa de izquierda promete un cambio que se concentre en los excluidos tradicionalmente (víctimas del conflicto, mujeres, minorías, pobres, trabajadores) e incluye reformas como la tributaria, del sistema nacional de pensiones y de la salud, e implementar el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la defensa del medio ambiente. Sus propuestas generan mucha desconfianza entre el ‘establishment’ económico y político. No obstante, ha moderado su programa y lleva meses buscando acercamientos a estos sectores e intentando espantar temores latentes entre el electorado y los empresarios de derecha, que están convencidos que les va a expropiar. Trabajar con ellos y atraer al empresariado a su gran Acuerdo Nacional es una tarea urgente. Financiar sus propuestas depende en parte de una reforma fiscal de fondo que está pendiente y requiere ser concertada para que sea exitosa y bien recibida.

Garantizar gobernabilidad es otro desafío: aunque Petro tiene una bancada sustancial en el Congreso, no es mayoritaria, y se verá abocado a tejer alianzas con otros partidos (alternativos y tradicionales) para hacer realidad sus promesas de campaña. Esto necesariamente supondrá negociaciones políticas que, seguramente, moderará sus propuestas.

Petro llega a la Presidencia con el apoyo de y gracias al trabajo de una alianza política que articula movimientos sociales y de base (que incluye a la vicepresidenta y su movimiento), los cuales a buen seguro que esperan desempeñar un rol importante. En esto es diferente a otros presidentes colombianos recientes. Estos movimientos sociales serán en sí mismos motor, pero también frenos y agentes de rendición de cuentas de su gestión. Manejar las altísimas expectativas de estos movimientos y de quienes los apoyan mientras negocia con la clase política (sin la cual no puede gobernar) no será una tarea menor.

El Gobierno de Petro se enfrentará también a un país en doble crisis: económica y política. Aunque la economía se está recuperando tras la crisis pandémica, el Ejecutivo saliente de Iván Duque deja un panorama complejo en otros aspectos. Duque, militante del partido derechista Centro Democrático, sale con bajísimos niveles de aprobación, con una situación crítica de seguridad en muchas zonas del país, habiendo debilitado los contrapesos institucionales y desoyendo el descontento evidente tras tres años de movilizaciones (2019-2021). Su pobre gestión ha facilitado la victoria de Petro, así que hoy por hoy la ciudadanía, más allá de los votantes del Pacto Histórico, está hastiada respecto al sistema político. En estas condiciones otros líderes han recurrido a la salida fácil, aunque costosa, de ampliar sus poderes, saltarse los contrapesos y debilitar la democracia. El fantasma del autoritarismo latente en Petro, y también en Hernández, rondó toda la campaña. Canalizar el descontento ciudadano, respetando y protegiendo las reglas del juego democrático, es otra misión del nuevo Gobierno.

La democracia colombiana es una de las más longevas del continente americano: por debajo de esa estabilidad laten un conflicto armado y grandes deudas en términos de inclusión (social y política) y de participación para muchos sectores de la población. Con la alternancia hacia un gobierno de izquierda, el país avanza hacia una nueva etapa que asusta a muchos, pero que si termina bien puede fortalecerlo institucionalmente.

Al concretarse esta victoria para la izquierda colombiana, Petro se enfrenta ahora al inmenso peso histórico de esta coyuntura. El presidente electo ha logrado este hito después de un trabajo de décadas: es un político de carrera, con una trayectoria que incluye haber sido concejal municipal, congresista, alcalde de Bogotá, varias veces candidato y ahora, presidente. En el camino también se ha granjeado la enemistad de una porción sustancial del país que no confía en él. Ahora tiene la oportunidad que tanto ha buscado de demostrarles a estos últimos que se equivocan.

Petro pierde el monopolio del discurso del cambio

Este texto fue publicado originalmente en Agenda Pública el 1 de junio 2022. Disponible aquí.

La primera vuelta presidencial en Colombia de este 29 de mayo arrojó un resultado inesperado. Gustavo Petro, el favorito y candidato por la coalición de izquierda, quedó en primer lugar con 40% de los votos, asegurando con ello su paso al balotaje. En segundo fue un candidato desconocido: el independiente Rodolfo Hernández (con un 28% de los sufragios). El buen desempeño de la izquierda ya estaba anunciado desde las primarias de marzo. Por tanto, la sacudida corre a cuenta de de Hernández, cuya irrupción a última hora ha tomado a la mayoría del país por sorpresa y obliga a reconsiderar lo que creíamos saber sobre esta contienda.

Desde que arrancó, esta campaña se ha caracterizado por ser “arenas movedizas” debido al alto número de presidenciables y a la magnitud del descontento del electorado y de los cambios que está experimentado el sistema político. Varios analistas han calificado de terremoto político los resultados de la primera vuelta, y no es para menos. Quede en manos de quien quede la Presidencia, será en las de un candidato abiertamente ‘anti-establishment’, lo que parece un mensaje ciudadano claro de insatisfacción con la clase política y el statu quo. No importa quien resulte elegido: ante la ausencia de un candidato de derecha (primera vez en décadas) y de los partidos políticos tradicionalmente dominantes, se inicia una nueva era en la política colombiana.

Hasta hace sólo tres semanas parecía seguro que la segunda vuelta sería un enfrentamiento entre Petro y Federico Gutiérrez, candidato por la coalición de derecha. Pero éste ha quedado fuera (tercero, con un 23%). Al candidato del oficialismo (que no logró distanciarse de un Gobierno impopular) se le hizo esquivo buena parte del caudal electoral que le había dado la victoria al actual presidente, Iván Duque, en 2018.

Hernández ha sido el principal beneficiario de la debacle de la derecha: se ha llevado consigo buena parte de los votos en departamentos como Cundinamarca, antaño bastión del partido derechista Centro Democrático. Los votos del centro, de los que en la primera vuelta de 2018 se fueron 4.602.916 al candidato Sergio Fajardo, parecen haberse repartido en esta oportunidad entre Hernández y Petro. Fajardo entró en cuarto lugar (4,2%), con alrededor de 3,7 millones de papeletas menos que hace cuatro años. El centro ha muerto víctima de sus múltiples errores de estrategia y peleas intestinas.

Hasta la primera vuelta, Petro tenía el monopolio del discurso del cambio. Ahora que su oponente ya no es el establishment, sino otro candidato que también se presente como alternativa a lo de siempre, la campaña tendrá que ser diametralmente diferente. La jornada dibujó un nuevo mapa político y deja muchos interrogantes. Destacan dos:

¿Por qué le fue tan bien a Hernández? ¿Tiene posibilidades de ganar?

Aunque Petro parece tener una ventaja considerable frente a su oponente en número de votos, la posibilidad de que Hernández se haga con la Presidencia es, al día de hoy, real. Es un empresario que fue alcalde de Bucaramanga en 2015. Su discurso es tan sencillo como potente: anti-corrupción y anti-políticos. Hernández conectó muy bien con votantes insatisfechos con el sistema político y con el Gobierno actual.

Dado que los dos candidatos se presentan como anti-sistema, en las próximas semanas cobrará relevancia una dimensión más afectiva o emocional, que es el anti-petrismo. Hernández es un desconocido que critica a los políticos, pero al que aparentemente hay poco que criticarle (aunque le acecha, por ejemplo, un escándalo de corrupción). En contraste, Petro es un ex guerrillero que lleva décadas haciendo oposición e intentando alcanzar la Presidencia. En el camino se ha construido trayectoria y experiencia, pero también una fama que le precede, especialmente entre algunos votantes de centro y los de derecha, que no lo toleran. En ese sentido, la ventaja la tiene Hernández: los votantes de derecha y centro-derecha que apostaron por Gutiérrez lo ven más tolerable simplemente porque no es Petro. En este grupo, el ascenso del dirigente de izquierda genera rechazo y temor.

Este sentimiento anti-Petro, que Hernández probablemente atizará, alimentará seguramente la polarización y dificultará la estrategia a la izquierda.

¿Petro tocó techo?

Ha hecho campaña en oposición a la derecha y a la clase política, presentándose como el representante de las masas excluidas de un modelo económico y político neoliberal que requiere reformas. La izquierda nunca ha llegado a la Presidencia en Colombia, así que Petro presentaba su candidatura y la de su vicepresidenta, Francia Márquez, como la alternativa a un sistema que no ha escuchado ni permitido participar a personas como ellos. Al posicionar a la izquierda como una fuerza viable a nivel nacional, logró lo que le había sido esquivo a otros líderes que le antecedieron. Para ganar en esta oportunidad necesita ampliar su base aún más allá de los 8,5 millones de votos que obtuvo en esta primera vuelta.

Mientras Hernández solo tiene que seguir siendo él mismo para crecer, Petro tiene que replantear su estrategia. Lo ilustran claramente las muestras de apoyo públicas de líderes clave de este sector (Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, el propio Federico Gutiérrez) hacia Hernández la misma noche de la elección. No es una empresa fácil. El anti-petrismo es una fuerza que pesa en una porción significativa del electorado que no se moverá hacia Petro bajo ninguna circunstancia.

Una opción es tratar de movilizar a los ciudadanos que se abstuvieron allí donde el candidato de izquierda ya es fuerte, como son los departamentos del Caribe. Es una estrategia que requiere mucho músculo organizativo, recurso humano, y en la cual no necesariamente se esconden tantos votos. En Colombia, la abstención es tradicionalmente alta y no necesariamente aumenta a medida que avanza la campaña. En 2018, por ejemplo, el índice de participación entre primera y segunda vueltas fue virtualmente idéntico, de hecho, descendió levemente, de 54,22% al 54%. En la primera vuelta de este año participaron el 54,48% de las personas habilitadas para votar. Es una buena cifra para los estándares colombianos. Que suba es una posibilidad, pero establecería un record. La otra cara de esta moneda sería atacar a Rodolfo para promover al abstencionismo entre personas que pueden ser afines a su mensaje.

Seguramente, la campaña petrista optará también por acercarse en las próximas semanas a políticos de centro o tradicionales, en busca de los votos que le faltan. Paradójicamente esto, que se vislumbra necesario, dificulta la tercera estrategia que parece ya estar en marcha: un cambio de discurso. En esta recta final, el candidato pasaría a describir a Hernández como el ‘outsider’ irresponsable y carente de la experiencia necesaria para manejar el país. En su discurso la noche del 29, Petro arremetió contra él afirmando que la lucha contra la corrupción es más que hacer tik toks (haciendo alusión al modus operandi de la campaña de su rival), y se presentó a si mismo como el verdadero cambio, equiparando el voto por Hernández como un suicidio. Como bien apuntó Will Freeman, lo difícil de esta maniobra es que presentarse como el candidato del cambio no encaja del todo con cultivar activamente el apoyo de políticos del establishment.

Petro se ha quedado sin hoja de ruta y se ve obligado a improvisar. Enfrente, Hernández está definiendo la estrategia, el ritmo; y, de paso, reinventando las reglas de hacer campaña electoral en Colombia.

Gustavo Petro en busca del milagro

Este texto fue publicado originalmente en la Revista Nuso: https://nuso.org/articulo/gustavo-petro-en-busca-del-milagro/

Los resultados de la primera vuelta electoral en Colombia enviaron un mensaje contundente, marcado por el descontento con la clase política y un profundo deseo de cambio. Lo que se perfilaba como un enfrentamiento entre Gustavo Petro –candidato de la izquierda y primero en todas las encuestas– y Federico Fico Gutiérrez –candidato por la coalición de derecha–, se reacomodó de manera abrupta a último momento: como parecían indicar algunas encuestas en el último tramo, Rodolfo Hernández, un candidato independiente y desconocido para muchos colombianos -que no participó del proceso de primarias–, fue quien ingresó al ring para enfrentar a Petro en el balotaje con 28% de los votos.

De este modo, pasaron a la segunda vuelta dos candidatos ajenos a los aparatos políticos tradicionales. Por primera vez, un candidato de izquierda quedó en el primer lugar en una primera vuelta electoral (con 40% de los votos) y su rival será un candidato totalmente desvinculado de cualquier estructura partidista. Hernández puede dar la sorpresa final y quedarse con la presidencia.

Las primeras señales de movimientos tectónicos en el panorama político se hicieron evidentes en las elecciones legislativas y primarias de marzo pasado. La izquierda, históricamente débil en Colombia, consiguió resultados electorales inéditos. El Pacto Histórico, la coalición liderada por Petro, mostró que el estigma de ser de izquierda en Colombia ha disminuido luego de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y el triunfo del Pacto Histórico en las elecciones de marzo fue doble. Por un lado, consiguió una de las bancadas más numerosas en el Congreso, un nivel de representación que nunca antes consiguió la izquierda. Por el otro, las primarias del Pacto Histórico atrajeron más votantes que las del resto de partidos, con buenos resultados a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Estas cifras pusieron al Pacto, a Petro, y a Francia Márquez (referente afrocolombiana y finalmente elegida candidata a la vicepresidencia), como una fórmula ampliamente competitiva. Y de esta forma, la izquierda llegó pisando fuerte al arranque oficial de la contienda presidencial. Ello se tradujo en el primer lugar del Pacto Histórico el domingo pasado. No obstante, el candidato de la izquierda entra, desde ahora, en un territorio desconocido. Al no participar en las primarias, el apoyo al ex-alcalde de Bucaramanga era imposible de medir, Hernández era casi un desconocido en política nacional y durante bastante tiempo las encuestas lo ubicaron en alrededor de 7% de intención de voto. No obstante, despuntó a solo dos semanas de la elección y para sorpresa de propios y ajenos desplazó a Gutiérrez, ex-alcalde de Medellín.

La candidatura de Gutiérrez, apoyada por el establishment y buena parte de los partidos tradicionales (uribistas, conservadores y liberales, y ex-presidentes como César Gaviria y Andrés Pastrana), se topó con un techo con 23,87% de los votos. Gutiérrez fue percibido como el candidato del continuismo y fue perjudicado por los elevados niveles de desaprobación del actual gobierno de Iván Duque y la crisis económica pospandemia. Aunque Gutiérrez hizo todo lo posible por distanciarse diplomáticamente de Duque y del uribismo (el expresidente Álvaro Uribe no está en sus mejores momentos de popularidad) los votantes de derecha y centroderecha lo abandonaron en masa.

El otro perdedor de la jornada fue Sergio Fajardo, candidato por la coalición de centro, quien cerró la jornada con 4,2% de los votos, en un lejano cuarto lugar. De obtener más de 4 millones de votos en la primera vuelta de 2018 y estar muy cerca de pasar al segundo turno, Fajardo se derrumbó a poco más de 888.000 votos. Estos le alcanzarán para reclamar los dineros estatales que reciben quienes superan el umbral de 4% y con ello costear sus gastos de campaña, pero la cifra comparativamente baja remata una campaña plagada de errores y sobrada de egos. La primera vuelta confirma que el centro, pero también el otrora dominante Centro Democrático (derecha uribista), son lo que la politóloga Silvia Otero Bahamón ha denominado «máquinas de perder votos».
Los buenos resultados de la izquierda llevan años cocinándose. Petro (62 años) tiene una amplia trayectoria en política y lleva décadas trabajando para este momento: fue senador, alcalde de Bogotá –el segundo cargo político de mayor importancia nacional– y ha sido candidato presidencial en otras dos oportunidades. En 2018 quedó de segundo detrás del actual presidente Duque, del Centro Democrático, con poco más de 4.500.000 votos, el mejor desempeño de cualquier candidato de izquierda hasta ese momento. El domingo pasado casi duplicó la cantidad de votos, llegando a 8.500.000.

Este buen desempeño es testimonio de una campaña que, hasta el momento, ha sido muy sólida. Su mensaje central ha sido el de un cambio real que le otorgue voz a los excluidos y transforme el modelo económico en un sentido social y ecológico. Petro aprendió varias lecciones de su derrota frente a Duque en 2018. Cuatro años después, Colombia ha visto un candidato mucho más moderado, dispuesto a hacer alianzas con otros sectores progresistas, pero también con partidos y políticos tradicionales. Se ha reunido con empresarios (su talón de Aquiles) y ha hecho todo lo posible para calmar los temores de quienes desconfían de sus propuestas económicas y temen la expropiación de sus propiedades de llegar a la presidencia. Petro construyó y moldeó al Pacto Histórico, coalición de partidos políticos y movimientos de izquierda, para responder a sus necesidades políticas, con él cómo máximo líder. El Pacto es sin duda un movimiento personalista, que le proporciona músculo y estructura, pero también es un espacio de articulación para la izquierda que está fortaleciendo nuevos liderazgos como el de Francia Márquez. Si Petro gana la elección presidencial no tendrá una mayoría asegurada en el Congreso, pero sí una bancada significativa de apoyo. Tiene experiencia legislativa y su equipo incluye políticos experimentados.

El contraste entre la trayectoria de Petro y Hernández es mayúsculo. Hernández tiene 77 años, es empresario de la construcción e irrumpió en política regional en 2015 cuando fue elegido alcalde de Bucaramanga (capital del departamento de Santander, en el noroeste colombiano) de la mano de un movimiento independiente curiosamente bautizado Lógica, Ética y Estética. Ahora se presentó por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

La elección de Hernández marcó el fin del monopolio de décadas de la política bumanguesa por parte del Partido Liberal. En su tierra, Hernández es sinónimo de cambio, y este es el espíritu que su equipo de campaña ha sabido transmitir, particularmente a través de redes sociales como TikTok. Su discurso es sencillo y machaca una y otra vez con tópicos contra la política tradicional y la corrupción. El empresario le huye a las definiciones ideológicas y le escapó a los debates presidenciales, donde habría debido precisar sus propuestas. Hernández declara no buscar ni necesitar el apoyo de nadie. En sus propias palabras: «mi única alianza es con el pueblo colombiano». De llegar a la presidencia, necesitaría a los congresistas de la derecha para gobernar, ya que casi no tiene representantes parlamentarios propios. No tiene vínculos ni experiencia de trabajo sostenido con ninguno de los partidos que cuentan con representación en el Congreso.

Donde Petro tiene un programa definido, forjado tras varios intentos de hacerse con la presidencia, Hernández prensa formulaciones genéricas o propuestas escuetas. Mientras Petro, Gutiérrez y Fajardo se atacaban entre ellos, todos parecieron olvidarse de Hernández, quien se dedicó a difundir su discurso sin filtros contra los lujos de los políticos y la «ladronera», defender la venta de los autos oficiales de los congresistas y prometer que llevará a todos los colombianos a conocer el mar, además de cerrar embajadas en el exterior. De su abuela recibió una frase que utilizó como empresario de la construcción: «mijo, trabaje con los pobres y se hará rico».

Petro tiene 40% del electorado detrás de sus propuestas, pero sus negativos siempre han sido altos en las encuestas y, las personas que se declaran antipetristas (de todas las corrientes ideológicas) lo son sin titubeos. Hernández es una opción muy atractiva para esos sectores hartos del statu quo, pero que nunca votarían por Petro. Allí hay gente de centro, pero también está la derecha moderada y la extrema. Esto pone a Gustavo Petro en una situación muy difícil para esta fase de la campaña, pues la mayoría de los votantes de Federico Gutiérrez seguramente irán con Hernández. Si el discurso de Petro estaba estructurado como el cambio frente a la continuidad (Gutiérrez), Hernández representa otro tipo de cambio, y con una imagen incluso más de outsider que Petro.

De hecho, a solo horas de cerrarse el preconteo de votos de primera vuelta, Gutiérrez anunció su apoyo a Hernández: «No queremos perder el país, por eso Rodrigo [Lara, candidato a vicepresidente] y yo votaremos por Rodolfo». Por su parte, en su discurso, Petro empezó a hablar de la necesidad de escoger entre el cambio real (él) y el suicidio (Hernández). El candidato de izquierda tendrá que replantearse su estrategia a fondo para conseguir los votos adicionales que necesita para llegar al 50%. Y atraer a otros sectores políticos, como en parte ya hizo en la primera vuelta. Por lo pronto, esperó los resultados en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, un espacio tradicionalmente de los liberales, un partido que tuvo históricamente una fuerte base popular, y cuyos votos necesitará el candidato del Pacto Histórico para ganar.

Con esta nueva correlación de fuerzas y dos candidatos «antiestablishment», la campaña empieza de cero. Las elites políticas, los otros candidatos y muchos medios, subestimaron a Hernández durante meses. Hasta aquí, Petro hizo campaña contra el uribismo, contra la derecha, y de un día para otro su rival desapareció (aunque ahora la derecha busca subirse sin demora al tren de Hernández). Colombia está a las puertas de una elección crucial con dos candidatos atípicos para la cual carecemos precedentes. Vienen semanas vertiginosas de cara a la segunda vuelta a celebrarse el 19 de junio. Solo queda abrocharse el cinturón de seguridad.

“Los datos muestran que es cuestionable que la izquierda alcanzó su techo”

¿Qué podemos aprender sobre el desempeño electoral de las tres fuerzas (derecha, centro, izquierda) en las consultas del 2022 al compararlo con la primera vuelta del 2018? Adicionalmente: ¿Cómo entender estos resultados a la luz de las características de los municipios? En otras palabras, ¿qué factores o características del nivel municipal se correlacionan con la votación por una u otra consulta?

La Silla Académica entrevistó a Laura García Montoya, profesora de la Facultad de Estudios Políticos, Internacionales y Urbanos de la Universidad del Rosario y a Sebastián Londoño, estudiante de la misma facultad y asistente en el Observatorio para la Contención del covid. Son co-autores del artículo no publicado todavía: “Elecciones 2022: la derecha también perdió, y mucho, en las consultas”, que escribieron junto a Sandra Botero y Silvia Otero Bahamón, de la misma facultad. La entrevista puede leerse aquí.

Cuatro conclusiones a resaltar:

  1. La izquierda aumentó sus votos en casi todo el país
  2. “Fico” salió fortalecido en las consultas, pero la derecha viene perdiendo votos
  3. El centro no logró capitalizar la oportunidad de crecimiento que tenía
  4. Los pobres ahora le votan a la izquierda, aunque no siempre fue así

Los contrapesos sin mujeres

La subrepresentación de las mujeres se observa en el Congreso, en los ministerios y también en la mayoría de las entidades que están llamadas a hacer cumplir la ley: Fiscalía, Defensoría, Contraloría, Procuraduría y Registraduría. Tan solo una de estas entidades está hoy por hoy en cabeza de una mujer. Este artículo, elaborado en el marco del semillero Política y Derecho(s) de la Universidad del Rosario, analiza los factores que explican la subrepresentación histórica de las mujeres en estas entidades. Lea más aquí.

Este artículo está disponible en La Silla Vacía aquí: muestra los avances de un proyecto de investigación del semillero de Investigación SIPOLDER. Fue escrito en coautoría con Carlos Esteban Arciniegas, Isabella Pineda Hidalgo, Isabella Pineda Gutiérrez, Erika Pongutá y Javier Revelo Rebolledo.

¿Fraude en Colombia? La autoridad electoral alimenta una crisis

Texto publicado originalmente en Agenda Pública, el 20 de abril de 2022, aquí.

Las elecciones legislativas colombianas del pasado 13 de marzo anunciaron una reconfiguración de las fuerzas políticas y depuraron la baraja de candidatos presidenciales. La campaña presidencial, que ahora sí arranca en forma, parece será una carrera entre los candidatos de izquierda, Gustavo Petro, y derecha, Federico Gutiérrez. Tras la jornada, flotan en el aire acusaciones de fraude que pueden salpicar la contienda presidencial.

El nuevo Congreso

En el nuevo legislativo conviven señales de cambio y de continuidad: entra con fuerza la izquierda, aparecen unas curules transitorias de paz (cuya creación fue parte del acuerdo de paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), se estanca el partido baluarte de la derecha y reafirman su vitalidad los dos partidos tradicionales.

Empecemos por los buenos resultados de la izquierda. Por primera vez en la historia de Colombia, la izquierda, encarnada en el Pacto Histórico (PH), logra una de las bancadas mayoritarias y además, paritaria. El PH, coalición que apoya la candidatura de Petro a la presidencia, barrió en el Senado, donde se espera obtenga 19 de 100 curules, y quedó de segundo en la Cámara de Representantes, donde parece obtendrá 25 de 165 curules (superado solo por el Partido Liberal).

A este cambio se suma que la Cámara de Representantes contará con 16 curules adicionales, pensadas para dar representación en el legislativo a víctimas provenientes de zonas particularmente afectadas por el conflicto interno colombiano. Aunque algunas de las curules quedaron en manos de candidatos cuestionados, que pertenecen a la clase política tradicional o que no son víctimas, varias sí corresponden a liderazgos sociales y de base. Será importante observar el impacto de estos nuevos perfiles en el legislativo. De hecho, recientemente nueve de estos representantes anunciaron un acuerdo con la bancada del PH.

Otra novedad a resaltar fue el retroceso del partido de gobierno, el Centro Democratico. De ser el partido con la bancada más numerosa en el Congreso, pasará a un distante cuarto (o quinto) plano. Continuará siendo una fuerza significativa, pero pierde peso frente a la izquierda y a los dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador,los cuales salieron fortalecidos de estas elecciones. Junto con el PH, los liberales y los conservadores estarán entre las agrupaciones con más curules. Aunque en las últimas décadas pareció, por momentos, que estos dos partidos estuvieron a punto de convertirse en minoritarios, este resultado deja claro que su estructura y su músculo serán decisivos para lograr resultados en el Congreso.

Se configura así un legislativo fragmentado, donde ninguna agrupación tiene mayoría. En otras palabras, quien quiera que gane la presidencia tendrá que construir coaliciones variopintas para poder gobernar.

¿Qué pistas dan las consultas sobre las elecciones presidenciales?

El mismo día de las elecciones legislativas, los colombianos también votaron por las consultas interpartidistas (primarias). De las tres consultas, la más votada fue la de la izquierda, resultado que junto con la victoria del PH en el Congreso, reafirma la reconfiguración de fuerzas en el electorado. Allí salió victorioso Petro y quedó de segunda, con un excelente resultado, la lideresa afro Francia Marquez. Juntos serán fórmula presidencial.

La consulta de la derecha decantó como candidato de su coalición a Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín. Gutiérrez se perfila como el contendor con mayores posibilidades de derrotar a Petro quien, como claro aventajado, se ha convertido en el candidato a vencer y el pivote de la contienda. Las semanas que vienen, la lucha de ambos será por conquistar a los votantes de centro. En cuanto a la consulta del centro, esta fue la menos votada de las tres y la más fragmentada. El candidato ganador de esta consulta, Sergio Fajardo, se disputa el tercer lugar con el independiente Rodolfo Hernández. Parece difícil que alguno de estos dos logre remontar para desbancar a Gutiérrez y ganarse un lugar en la segunda vuelta.

¿Fraude? La Registraduría alimenta una crisis electoral

La jornada electoral se vio enlodada por acusaciones de fraude en el proceso de conteo de votos al Senado, acusaciones que han puesto en entredicho la integridad de las elecciones legislativas y podrían amenazar las presidenciales. Una discrepancia entre los resultados preliminares que se anunciaron el día de las elecciones y los números que se han ido conociendo a medida que avanza el conteo de los votos alimentan una crisis, agravada por el mal manejo que el Registrador Alexander Vega le ha dado a la coyuntura.

Las diferencias entre las cifras de preconteo anunciadas el día de las elecciones y las anunciadas en la etapa posterior del conteo oficial (conocida como escrutinio) han beneficiado sobretodo al Pacto Histórico. Hoy, cuando el escrutinio todavía no ha finalizado, parece que el PH tendrá 19 o 20 curules en el Senado, cifra más alta que las 15 que se proyectaron basados en cifras preliminares. Hasta el momento, no hay evidencia de fraude sistemático según la Misión de Observación Electoral (organización especializada de la sociedad civil). Lo que abundan son preguntas sin respuestas por parte de la Registraduría, entidad responsable de organizar las elecciones. Hay quejas sobre la capacitación de los jurados, indicios de problemas con el diseño de los formularios de conteo de votos y, tal vez, con la transmisión de los resultados preliminares.

En semanas recientes, tanto el PH como el Centro Democrático han atizado el fantasma del fraude en diferentes momentos, levantando un manto de duda sobre la legitimidad de las elecciones. Desafortunadamente, el Registrador Alexander Vega, en vez de calmar las aguas, las ha crispado más con sus salidas en falso. Ante las acusaciones de fraude, Vega, “solicitó” un reconteo general de la votación al Senado; opción que no no existe en el marco legal vigente, pues el registrador no está en capacidad de solicitarlo ante la ley, y este no tiene antecedentes. Al pedirlo, desconoció el procedimiento existente para tramitar reclamos y alimentó dudas sobre su idoneidad y neutralidad. Vega tuvo que recular y retirar esta solicitud cuando esta no encontró eco entre los partidos políticos. El daño, no obstante, ya estaba hecho.

Un paso en falso más: el Registrador no asistió personalmente al debate de control político al que se le citó en el Congreso a principios de abril. Más bien, pidió procesar penalmente a miles de jurados electorales, a quienes acusa de realizar fraude electoral. En Colombia los jurados electorales somos ciudadanos y ciudadanas seleccionados y capacitados por la misma Registraduría para cumplir estas funciones. En vez de buscar una auditoría independiente y técnica para identificar y solucionar los errores y/o para detectar donde sucedió el fraude–si es que lo hubo–, el Registrador parece empeñado en montar cortinas de humo. El problema grave es que al hacerlo, parece estar priorizando su supervivencia política, en vez de generar confianza y promover transparencia. Contribuye con ello a un ambiente en el que la ciudadanía y algunos partidos cuestionan cada vez más la legitimidad del Congreso y del proceso electoral. Con dos vueltas presidenciales por delante, y en medio de una campaña polarizada donde varios partidos se preparan para disputar los resultados y alegar fraude, el comportamiento de Vega puede tener un costo alto para la democracia colombiana.

Guía para las arenas movedizas de las elecciones en Colombia

Publicado originalmente en El País (España) y disponible aquí: https://elpais.com/opinion/2022-02-08/guia-para-las-arenas-movedizas-de-las-elecciones-en-colombia.html

Con más de 20 aspirantes a la presidencia, coaliciones inestables y un electorado descontento, el tablero electoral en Colombia para 2022 es complejo. Ninguno de los muchos candidatos supera el 30% de intención de voto y la gran mayoría no llega ni siquiera al 10%. Aunque la campaña está arrancando en forma, el panorama es arena movediza.

¿Por qué un panorama con tantos aspirantes y tan inestable?

Estamos ante un sistema de partidos fragmentado y desconectado de la ciudadanía. Según encuestas del Observatorio de la Democracia, el 80% de los colombianos no se identifica con ningún partido político, y hay poca confianza en el Congreso y otras instituciones. Con partidos desdibujados, abundan los liderazgos personalistas. Adicionalmente, la campaña se adelanta en medio de una crisis pandémica de la cual buena parte de la población no vislumbra todavía una salida clara. Esto produce un electorado apático e insatisfecho con el sistema y sus gobernantes. Así las cosas, la mayoría de los votantes tomarán decisiones sobre la marcha, enfrentados a opciones cambiantes. Ningún aspirante a la presidencia tiene nada garantizado. (continúa…)

Fuente: Índice agregado de intención de voto de Colombia Risk Analysis (a Nov 2021).

“Los partidos políticos son una embarrada con las mujeres” : Sandra Botero (entrevista en La Silla Vacía)

Entrevista en La Silla Académica, publicada el 16 de diciembre de 2021 y disponible aquí: https://www.lasillavacia.com/historias/historia-academica/Los-partidos-politicos-son-una-embarrada-con-las-mujeres-Sandra-Botero/

En un momento en que el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres es cada vez más evidente y en el que el feminismo ha ganado terreno, no hay una candidata mujer con posibilidades reales de llegar a la presidencia y ha habido ruido por falta de garantías para ellas en la conformación de las listas al Congreso.

Para analizar esta paradoja y a la vez lo que significa que haya dos mujeres de minorías en la contienda como Francia Márquez y Arelis Uriana, la Silla Académica entrevistó a Sandra Botero, profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, y a Salomé Arias, coordinadora académica del Observatorio de la Equidad de Las Mujeres (OEM) de la Universidad Icesi y autora del Boletín número 2 de Liderazgo y Participación Pública.

El OEM se ha encargado de caracterizar y cuantificar el tipo de mujeres que ejercen liderazgo político en el Valle del Cauca, uno de los pocos lugares en que hay microdatos de este tipo. La última encuesta disponible se la practicaron a 1507 mujeres en Cali, Buenaventura, Yumbo y Jamundí entre octubre y noviembre de 2018.

La Constitución de 1991: un acuerdo que sigue cambiando al país

Este texto fue publicado originalmente en Razón Pública.

La Constitución de 1991 cumplió treinta años.

Una constitución es el acuerdo político básico de un país: establece las reglas de juego más importantes y las aspiraciones comunes que dirigen a una comunidad política.

La Constitución transformó el país y aún hoy sigue evolucionando. Su origen democrático y su apuesta por proteger un amplio catálogo de derechos la distinguen de otras constituciones, al tiempo que contribuyen a su carácter transformador.

Ese texto hizo parte de una ola de reformas constitucionales que ocurrieron en América Latina hacia finales del siglo XX (1988-2009). Ocho países redactaron nuevas constituciones: Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), República Dominicana (1994), Ecuador (1998 y 2008), Venezuela (1999) y Bolivia (2009).

Paralelamente, algunos países optaron por hacer reformas constitucionales sustanciales en vez de escribir nuevas constituciones, por ejemplo Argentina en 1994.

La Constitución de 1991 es parte integral de esa ola regional y un reflejo de un momento único en la historia colombiana. La carta magna representó una salida democrática de la crisis política e institucional que vivía el país.

El punto más álgido de esa crisis fue la década de 1980, marcada por altos niveles de violencia, conflicto y una renuencia e incapacidad de las instituciones políticas de responder, especialmente del Congreso.

Fue un movimiento estudiantil el que impulsó una asamblea constituyente de elección popular, vinculada con el proceso de paz con la guerrilla del M-19 (en ese momento se pretendía que el proceso de paz y el constituyente incluyeran otras guerrillas pero esto no se logró).

La Constitución de 1991 fue la única escrita por personas elegidas por voto popular. Los y las constituyentes representaron diferentes fuerzas: partidos tradicionales (Conservador y Liberal, que no eran mayoría en la asamblea), nuevas fuerzas políticas, independientes, guerrilleros desmovilizados e indígenas.

Esa asamblea funcionó de manera democrática y construyó una constitución que pretendió limitar el presidencialismo, asegurar la separación de los poderes, plantear un sistema electoral más incluyente que el anterior y robustecer el poder judicial.

Adicionalmente, reconoció más derechos e incluyó nuevos mecanismos de protección como la tutela. Su ambición, su potencial, sus imperfecciones y contradicciones reflejan los consensos mínimos a los que llegaron personas muy diferentes para plantear una nueva ruta para el país.

Que la constitución haya sido escrita por una asamblea donde estaban representadas una pluralidad de fuerzas fue un acontecimiento importante para la nación en dos sentidos. En el siglo XIX, uno de los dos partidos tradicionales imponía su propia constitución al ganar la guerra o las elecciones. Además, no son muchas las constituciones que surgen de un proceso pluralista y democrático como este.

Por ejemplo, un puñado de personas escogidas a dedo por el dictador Adolfo Pinochet redactaron la Constitución chilena de 1980 (ahora mismo una asamblea constituyente similar a la colombiana escribe una nueva constitución para el país austral).

De otro lado, la Constitución venezolana de 1999 fue redactada por una asamblea donde dominó el chavismo y que concentró mucho poder en el ejecutivo.

Constituciones latinoamericanas

Las constituciones latinoamericanas que surgieron de esa ola de reformas a finales del siglo XX tienen sus particularidades, pero, como lo recuerda Rodrigo Uprimny, existen algunos elementos en común:

  • reconocen el carácter multiétnico y multinacional de su respectivo país;
  • consagran protecciones para las minorías (especialmente étnicas);
  • redefinen el papel del Estado en el manejo de la economía y
  • consagran la protección de nuevos derechos, especialmente los económicos y sociales como el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua, entre otros.

El aumento de los derechos reconocidos constitucionalmente fue uno de los cambios más notorios, como puede verse en el siguiente gráfico.

La Constitución colombiana destaca por ser muy garantista, ya que va más allá del reconocimiento de derechos civiles y políticos como la libertad de expresión y de protesta (característicos de las constituciones democráticas), y reconoce derechos económicos y sociales como el derecho a la pensión, el derecho a un medio ambiente sano y los derechos de las minorías étnicas.

Para muchas personas la Constitución es demasiado garantista. Para otros, muchos de esos derechos son promesas en un papel. Como señalan Natalia Ángel Cabo y Domingo Lovera Parmo, estas tensiones en la puesta en marcha de las constituciones latinoamericanas son fruto de las desigualdades de la región y de la debilidad de sus instituciones.

Francisco Gutiérrez Sanín constata los avances democratizantes de la Constitución de 1991 y al mismo tiempo señala que estos, sin dejar de ser ganancias, chocaron con las realidades del conflicto y de la política del país. Cerrar las brechas de la desigualdad y robustecer las instituciones para acercar la realidad y la constitución son retos pendientes en la región.

Reformas constitucionales

Desde su creación, la Constitución de 1991 ha sido reformada en algún aspecto sustancial en veinte ocasiones (ver gráfico), convirtiéndola en una de las constituciones con más cambios en América Latina.

En contraste, la mayoría de las constituciones de la región no han sido reformadas más de nueve veces. Cierto grado de flexibilidad permite hacer ajustes, pero en el caso de una constitución se espera cierta rigidez; tantos cambios son preocupantes porque sugieren inestabilidad e incluso desvíos de la orientación original.

Treinta años después de su creación, la Constitución de 1991 no permanece inmóvil. Es un pacto político para un país incluyente y plural que está en permanente construcción.

La pugna por el poder judicial en Estados Unidos

Este artículo fue publicado originalmente en Razón Pública bajo el título “Estados Unidos: La derecha se toma el poder judicial.”

La que faltaba

Este 26 de octubre los republicanos que tienen mayoría en el Senado confirmaron a la jueza postulada por el presidente Donald Trump, Amy Coney Barrett, como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Barret fue profesora de derecho y magistrada de un tribunal de apelación federal; sus publicaciones y decisiones indican que es muy conservadora. La escogencia es tanto más notable si se recuerda que Barret viene a reemplazar a la magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg, que había fallecido pocos días antes.

Con esta decisión unilateral, apresurada y a pocos días de unas reñidas elecciones presidenciales, la Corte quedó integrada por seis magistrados de derecha y apenas tres progresistas.

La nominación de Barret es un parteaguas para el tribunal y para las instituciones democráticas. En este nombramiento convergen el largo proceso de transformación del poder judicial y el de la progresiva erosión de la democracia estadounidense.

Minorías organizadas

El esfuerzo por transformar el poder judicial dándole un tinte más conservador tiene dos motores: la Federalist Society (FS) y el movimiento cristiano conservador, también conocido como la derecha cristiana en Estados Unidos.

La FS es una organización privada de abogados y políticos conservadores que cuenta con más de sesenta mil miembros. Sus fundadores querían contrarrestar la influencia de las ideas liberales en el ejercicio de la abogacía y en el poder judicial en Estados Unidos. Como muestra Amanda Hollis-Brusky, esta organización se convirtió en una poderosa e influyente red que transformó la cultura jurídica de ese país.

La derecha cristiana es una amalgama de organizaciones religiosas (protestantes, evangélicos y católicos) que movilizan votantes y ejercen presión en favor de los candidatos y causas afines a sus posturas.

Este grupo tiene una dura posición antiaborto y está en contra de la sentencia de la Corte Suprema Roe vs. Wade (1973) que despenalizó el aborto en Estados Unidos. En una entrevista reciente, Marjorie Dannenfelser, presidenta de una de las organizaciones clave del grupo, afirmó que la prioridad de su trabajo era el ingreso a la Corte Suprema de jueces abiertamente opuestos al aborto. Dijo también que había pasado de ser crítica acérrima del candidato Trump, a darle apoyo entusiasta cuando este anuncio que nominaría jueces “provida” en su campaña de 2016.

La alianza de estos dos grupos fue incómoda al comienzo, pero ahora es efectiva. Hay una lista de candidatos aptos para la Corte Suprema, acreditados por la FS. Uno de los requisitos para hace parte de esa lista es ser antiaborto. A cambio de comprometerse a nominar abogados que estén en esa lista, Trump se benefició del músculo político, el trabajo de base y los votos de estos grupos.

Amy Coney Barrett es una candidata con credenciales impecables que cumple los requisitos de estas dos coaliciones. Llega a la Corte con 48 años para ocupar un cargo vitalicio. Este es el tercer nombramiento de Trump en este tribunal.

Jugadas antidemocráticas

Para aumentar la influencia de los conservadores en el poder judicial se necesitan aliados políticos, pues los jueces federales y magistrados de la Corte son postulados por el presidente y están sujetos a aprobación del Senado.

En este caso los aliados claves son el presidente Trump y el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell. Para hacer realidad la promesa de Trump se trastocaron las normas y procedimientos democráticos. Esta transgresión socava la legitimidad, reduce la transparencia e interfiere con la naturaleza de las instituciones democráticas.

El estiramiento de las reglas democráticas fue especialmente notorio en el nombramiento de los jueces a la Corte Suprema. El proceso es simple: la selección arranca cuando el presidente selecciona a un candidato, que se somete a la aprobación del Senado. El Senado por mayoría simple aprueba o rechaza. La Corte Suprema únicamente tiene nueve miembros que sirven de por vida.

En febrero de 2016, cuando Barack Obama estaba en su último año de gobierno y faltaban diez meses para las elecciones, murió el juez conservador Antonin Scalia. Obama nominó a Merrick Garland, un demócrata de centro, como su candidato para reemplazarlo.

En ese momento McConnell se negó a darle trámite a la nominación en el Senado. Argumentó que siendo año electoral debía dejarse esa nominación en manos del ganador de las elecciones presidenciales. Al poco tiempo de posesionarse, Donald Trump nominó al conservador Neal Gorsuch y el Senado lo confirmó.

Al negarse a siquiera considerar el candidato de Obama en 2016, McConnell rompió las reglas de la democracia estadounidense. Este año McConell hizo lo contrario: confirmar a Barrett cuando faltaban días —y no ya meses— para las elecciones.

La jueza Ruth Bader Ginsburg murió el 18 de septiembre de 2020. Barrett fue confirmada en 27 días (cuando la confirmación en promedio dura dos meses) y a apenas una semana de las elecciones presidenciales en las cuales Trump se juega su reelección.

El Senado frenó a Obama en la Corte Suprema y en los tribunales federales y de distrito al negarse a votar la aprobación de los candidatos que el presidente puso a su consideración.

Pero desde que Trump llegó a la presidencia, bajo el liderazgo de McConnell, la mayoría republicana aprobó con diligencia las nominaciones hechas por el Ejecutivo a los tribunales de apelación.

Saboteando la democracia

Las jugadas de McConnell (que los demócratas también hicieron, aunque con menor fuerza y frecuencia) debilitan las instituciones. Como señalan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, saltarse las reglas del juego constituye una amenaza seria al régimen democrático, pues desdibuja la cancha y favorece a ciertos jugadores.

A pesar de su controversial procedimiento, el nombramiento de Barrett consolida el proyecto conservador, al tiempo que enfurece a los demócratas. En un contexto de inestabilidad e incertidumbre, su llegada a la Corte Suprema pone sobre la mesa la posibilidad de que los demócratas tomen medidas extremas y poco democráticas, para ajustar cuentas con sus opositores.

Esto agravaría las ya debilitadas normas e instituciones democráticas de Estados Unidos. Si gana Trump, podemos esperar avances en la misma dirección y la consolidación del predominio conservador en el poder judicial.

Si Joe Biden gana y su partido obtiene una mayoría en el Senado, Biden tendría ante sí un abanico de opciones para apaciguar las críticas crecientes de sus copartidarios a la distribución y composición de la Corte.

Algunas propuestas para reformar la Corte incluyen instaurar límites a los años de servicio en el tribunal (no más términos vitalicios) y limitar su jurisdicción. La ‘opción nuclear’ consiste en aumentar el número de jueces, dándole la opción a Biden de nombrar magistrados adicionales a los nueve actuales.

Aumentar el número de magistrados sería una maniobra políticamente compleja, costosa y discutible a los ojos de muchos. Hasta el momento, Biden rehúsa comprometerse con esta idea. Por ahora, su propuesta es más diplomática: crear una comisión bipartidista que haga recomendaciones sobre nuevas reformas para la Corte.

El problema es el tiempo. Una comisión de esta naturaleza tomará meses, hay mucho descontento en el partido demócrata y no es claro que los Republicanos tengan incentivos para negociar.

Gane quien gane la elección presidencial, la controversia alrededor de la Corte Suprema seguirá y será el centro de muchas batallas. En el mediano plazo, una reforma a la Corte parece una posibilidad. Pero no está claro cómo se concertará, o si se forzará, esa reforma.

En cualquier caso, las tensiones alrededor del nombramiento de Barrett, y la forma en que el mismo se ejecutó, son otra muestra de la crisis que atraviesa la democracia norteamericana.